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El Ministerio de Defensa emitió ayer un comunicado mediante el cual llamó a las fuerzas políticas en conflicto “a mantener la calma y el respeto al orden jurídico institucional”, y consideró que los hechos violentos que en las últimas semanas han alterado la vida social del país, podrían “derivar en una escalada de hechos impredecibles”.

El comunicado, primero de este tipo en el actual gobierno del presidente Daniel Ortega, está escrito de forma mesurada y prudente, sin calificativos de ningún tipo para las fuerzas en pugna, y no está firmado por la secretaria general del Ministerio de Defensa, Ruth Tapia Roa.

Apelando a la Ley 612, que modificó la Ley de Reforma y Adición a la Ley 290, donde Ortega confiere funciones y atribuciones a varias instituciones, el Ministerio de Defensa consideró “que con posterioridad al actual proceso de elecciones municipales, se han producido hechos violentos provocados por personas o grupos que alteran el orden público afectando la vida moral del país”.

Preservar la paz
Las elecciones fueron el domingo nueve de noviembre, y desde entonces el país está sumido en una profunda crisis política con manifestaciones de violencia callejera y actos intimidatorios entre sectores políticos en pugna.

“Que estos hechos que crean zozobra, inseguridad y dañan la imagen del país, podrían derivar en una escalada de hechos impredecibles”, advierte el segundo considerando del citado documento, compuesto de dos puntos.

En el primero se hace “un llamado a las personas y agrupaciones políticas que alteran el orden público, a mantener la calma y el respeto al orden jurídico institucional, a fin de preservar la paz y la seguridad del país”.

Y en el segundo se anuncia que “en consecuencia, el personal del Ministerio de Defensa se dispone a partir del día de hoy a estar en sesión permanente, para dar seguimiento a la actual coyuntura que se está presentando en el país”.

Llamado al orden
Defensa es la institución gubernamental por ley que permite al Presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, ejercer y coordinar la autoridad civil sobre el Ejército de Nicaragua, en su calidad constitucional de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

Según el artículo 95 de la Constitución Política de Nicaragua, el Ejército de Nicaragua “estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente”.

Durante el tiempo que lleva la actual crisis política, el Ejército de Nicaragua, por medio de su oficina de relaciones públicas, ha evitado pronunciarse sobre los orígenes de los acontecimientos, que son los resultados electorales que el Partido Liberal Constitucionalista y otros sectores nacionales e internacionales señalan de fraudulentos.

Ejército apolítico
Roberto Orozco, encargado del Programa de Seguridad y Crimen Organizado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), consideró que no sería una lectura correcta decir que el comunicado emitido por Defensa sea una postura institucional del Ejército de Nicaragua.

“El Ejército siempre ha emitido sus criterios de forma directa y casi siempre lo que hace es un llamado prudente al respeto y al orden social. Lo que quizá podría caber aquí es que el Ministerio de Defensa, en su rol de coordinador interinstitucional civil ante asuntos militares, haya consultado al Ejército sobre el alcance del comunicado, pero igual es sólo una interpretación”, dijo Orozco, quien repitió la naturaleza no deliberante del cuerpo castrense.

La Constitución, en su artículo 93, dice que el Ejército de Nicaragua “es una institución nacional de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”. En su discurso del 29 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, en septiembre pasado, el Comandante en Jefe de dicha institución, general Omar Halleslevens, defendió el espíritu apolítico de las Fuerzas Armadas, y criticó a sectores que, a su juicio, han pretendido involucrar a la institución en situaciones políticas.