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La directiva del parlamento de Nicaragua someterá a la agenda legislativa la discusión de una iniciativa para anular las elecciones municipales del 9 de noviembre por supuestas irregularidades, lo que traslada la crisis electoral a otro poder de Estado.

"Estamos convocando para el viernes a reunión de junta directiva para introducir en la agenda de debates la iniciativa de ley para su discusión y aprobación en la próxima semana", dijo a la AFP el primer secretario del parlamento, el opositor Wilfredo Navarro.

El proyecto de ley, entregado el miércoles a la secretaria del parlamento, declara "la nulidad absoluta del proceso electoral organizado y dirigido por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para la elección en 143 municipios" de 146 sometidos a sufragio.

No se explicó por qué tres alcaldías no estarían bajo el cuestionamiento, ni cuales serían éstas.

"Si el presidente de la Asamblea Nacional (el sandinista René Núñez) decide no convocar a los diputados para sesionar (la próxima semana) se le solicitará otra reunión o asumiría el vicepresidente", el liberal Luis Callejas, explicó Navarro.

El legislador, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), aseguró que cuentan con los 47 votos necesarios para pasar la ley, la cual es de carácter ordinario.

Navarro estimó que la ley podría ser aprobada dentro de una semana, pero mientras eso ocurre el CSE todavía tiene "chance de rectificar la barbarie que ha cometido" de supuestas alteración de actas de votación en los comicios.

Desde los cuestionados comicios del 9 de noviembre se han registrado manifestaciones callejeras con hechos de violencia en Managua y otras ciudades entre liberales y sandinistas, en las que han resultado varias personas heridas por pedradas, proyectiles de morteros artesanales y garrotazos.

La única salida a la crisis política tras los comicios es que "se den los verdaderos resultados (...) que se devuelva lo que se robo" y eso solo puede ocurrir si hay un recuento de votos "si hay menos votos el PLC lo acepta".

Los magistrados del CSE declararon que el parlamento no puede anular las elecciones y que en caso lo hagan no acatarán esa disposición.

Navarro descartó cualquier negociación política en torno los resultados de la votación y advirtió que el presidente Daniel Ortega debe entender que "no puede hacer lo que quiera en el país y robarse las elecciones a la vista y paciencia del pueblo".

"Aquí no hay ninguna negociación ni el PLC autoriza a nadie a que negocie los votos (...) el ladrón tiene que devolver lo robado", aseveró el diputado.

Asimismo, Navarro anunció que acusará por delito electoral a los magistrados del CSE para proceder a su desafuero.

La oposición también prepara otras acciones en el Congreso como no aprobar el proyecto de presupuesto del 2009 como lo envió el Gobierno, sino con modificaciones, así como no aprobar nombramientos de funcionarios.

Paralelo a las acciones legales continuarán con la movilización de las bases de su partido en los distintos municipios del país.

Mientras tanto, los partidarios sandinistas mantienen una movilización permanente en defensa de su triunfo y exigen al CSE la publicación de los resultados definitivos, con lo que suponen terminarán las protestas de la oposición.