Lizbeth García
  •   Managua, Nicaragua  |
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La población joven de Nicaragua está tomando conciencia de las implicancias del delito de explotación sexual comercial de adolescentes, por lo que culparon a clientes y redes por su incidencia, según revela el Estudio de Población 2009-2014 sobre derechos de las mujeres dado a conocer ayer por Puntos de Encuentro, que es una organización de la sociedad civil.

El cambio de opinión sobre la explotación sexual comercial de adolescentes es más notable en los muchachos, porque pasó de 56% en 2009 a 64% en 2014, en cambio el porcentaje de las muchachas pasó de 63% en 2009 al 68%.

Una de cada tres personas, según el estudio, está en contra de estigmatizar a las chavalas que han sido víctimas de explotación sexual comercial, pero ese desacuerdo es menor entre las muchachas y mayor entre los muchachos y personas adultas de 25 a 44 años.

Se atribuye la responsabilidad de la explotación sexual comercial de adolescentes principalmente a madres y padres. Además uno de cada cinco jóvenes encuestados señaló a clientes y redes, y 1 de cada 10 en edades de 13 a 14 años responsabiliza a las mismas adolescentes, por la ocurrencia de este delito, revela el estudio.

El estudio

El estudio fue ejecutado por Ciet Internacional mediante dos encuestas realizadas en 2009 y 2014 a 5,930 y 6,003 personas (52% mujeres y 48% hombres), respectivamente, en 43 sitios de 7 regiones del país: Managua, Pacífico Sur y Norte, Segovias, Centro Sur, Norte y Costa Caribe.

Irela Solórzano, coordinadora de la investigación, explicó que se eligió un rango de tiempo de 5 años para monitorear los cambios en las actitudes y formas de pensar de los encuestados con respecto a la percepción sobre el aporte económico en el hogar, comunicación interpersonal, violencia en las parejas, explotación sexual comercial de adolescentes, identificación de derechos que no se cumplen a las mujeres e identidad sexual de hijos e hijas, entre otros temas diversos.

Evelin Flores, analista del estudio por parte de Puntos de Encuentro, explicó que los hallazgos del estudio permitirán dirigir esfuerzos hacia aquellos derechos vulnerados.

 

31 Cabeceras departamentales y municipales abarcó la encuesta base del estudio de Puntos de Encuentro.