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El procurador de los derechos humanos, Omar Cabezas, pidió el cierre del Hospital Salud Integral, al referirse a la demanda que enfrentan tres especialistas de ese centro por supuesta negligencia médica que desencadenó la muerte de la paciente Karina Peña López.

“Por supuesto que estoy pidiendo el cierre de ese negocio. Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo que sancionen a los médicos, pero el primer preso o los primeros presos, a los primeros que hay que juzgar es a la junta directiva de Salud Integral, presidida por Ismael Reyes, porque se metieron a hacer un negocio a costa de la vida de los pacientes”, dijo Cabezas.

Ante los señalamientos, Ismael Reyes, presidente de Salud Integral, dijo a El Nuevo Diario no haber escuchado al procurador Cabezas.

“No tengo nada que decir, yo no lo he escuchado y por lo tanto no tengo nada que opinar”, manifestó.

Según el titular de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, la Dirección de dicha clínica es la responsable de la atención que se brinda a los pacientes, y de que se cumplan los protocolos de atención establecidos por el Ministerio de Salud.

“Está bien que los médicos asuman sus responsabilidades del caso, pero me llena de espanto y de miedo y de recelo, y algo siento en mi nariz de defensor de los derechos humanos, porque se estaría diciendo que estos son los únicos responsables del caso. ¿Y qué pasa con la clínica médica previsional y los directivos de ese capital?”, cuestionó Cabezas.

Cabezas dijo que insistirá ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y ante el presidente de la República, para que se impulse una valoración seria de las clínicas previsionales que no tienen “justificación ni perdón de Dios” ante una negligencia.

MÉDICOS CIERRAN FILAS

Dos organizaciones médicas más se sumaron ayer en respaldo hacia las doctoras María Gabriela Barrios Machado, Arlen Romero Gutiérrez y Teresa Cuadra Díaz, quienes enfrentan juicio por homicidio imprudente, al igual que hace tres días lo hizo la Asociación Médica Nicaragüense.

El doctor Adrián Zelaya Blandón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Medicina Interna, ANMI, manifestó que esperan que en este juicio se garantice la imparcialidad, que predominen el conocimiento, la ciencia y el derecho de las partes.

“No somos dioses ni somos perfectos, pero nunca es el propósito de un médico equivocarse o hacerle daño a un paciente. En estos casos no se puede juzgar el actuar de un médico como el actuar de un criminal común y corriente”, argumentó el presidente de la ANMI.

El doctor Zelaya indicó que a la asociación le preocupa que este asunto termine “contaminado” con ribetes políticos.

“Queremos que se juzgue el actuar médico frente a una situación de salud grave de una paciente que además era médico. Los precedentes no se sientan de cualquier forma, a la brava ni sacrificando a personas que pueden ser inocentes sino actuando correctamente, demostrando que las cosas se están haciendo mal”, agregó el doctor Zelaya.

En tanto, el movimiento Médicos Sandinistas emitió un pronunciamiento en el que expresa su solidaridad con las partes.

“Ningún médico desea la muerte de su paciente, por lo tanto queremos expresar nuestra solidaridad militante con las tres colegas médicas que están siendo acusadas de un acto que ningún médico desea cometer”, se lee.

Asimismo, “expresamos nuestro dolor ante la pérdida lamentable de la doctora, nuestra hermana médico y trabajadora de la salud, ejemplar, integrante del Movimiento Médicos Sandinistas, la doctora Karina Peña López, quien laboraba en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, La Mascota”, dice el pronunciamiento.

La comunicación enfatiza que como gremio esperan que el sistema judicial no condene de manera injusta a las doctoras internistas, y también giraron la responsabilidad hacia la Dirección del hospital.

“Consideramos que quien niega el derecho a nuestra compañera para que fuese ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos son los dueños de la empresa Salud Integral, que con sus normas basadas en la ganancia y no en el humanismo fueron responsables de que no se le brindaran los cuidados necesarios a nuestra hermana, negándole la oportunidad de vivir”, indica la posición del Movimiento Médicos Sandinistas.

CAMBIO DE DEFENSAS

El abogado Nelson Cortez, nuevo defensor de la doctora Arlen Romero, una de las tres acusadas por homicidio imprudente por la muerte de la también médico Karina Peña López, presentó un incidente de nulidad a favor de su representada.

En el incidente presentado ante el Juzgado Tercero Local Penal de la capital, la defensa de la doctora Romero alega supuesta violación a derechos constitucionales de su representada y defectos en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

En su escrito, el abogado Cortez señala como violación a los derechos de su representada y de la tercera acusada (María Gabriela Barrios), que no les fue permitido defenderse en el proceso de la auditoría médica hecho por el Ministerio de Salud ni en los actos de investigación practicados por la Fiscalía.

El abogado Cortez señala como incorrecto que a las acusadas se les tenga como coautoras del delito de homicidio imprudente, subrayando que la coautoría solo cabe en los delitos dolosos.

La doctora María Gabriela Barrios, otra de las acusadas, también cambió de abogado defensor, nombrando como su nuevo representante al especialista en Derecho Penal, Francisco Fletes Largaespada, y solo la médica Teresa Cuadra mantenía como su defensor al litigante César Ramírez.

Llamado a denunciar la mala atención médica

INVITACIÓN • El procurador de los derechos humanos, Omar Cabezas, invitó a la población a denunciar los casos de mala atención que reciben en las clínicas médicas previsionales, ante las delegaciones de la PDDH a nivel nacional, y en Managua delegó al licenciado Hollman Largaespada para atender esta función.

Largaespada señaló que la situación es grave, pues en lo que va del año han recibido casi 30 denuncias en cuatro departamentos del país y dos regiones especiales, teniendo Managua la mayor cantidad, con 16; seguida por León, con 4; Chontales, 3; la Región Autónoma Caribe Sur, 2; la Región Autónoma Caribe Norte, en Siuna, 1, y Bilwi, 1; y también Rivas, con 1.

Cabezas aseguró que ha recibido decenas de quejas contra clínicas médicas previsionales y señaló que, según información obtenida por la PDDH, al personal médico no se le brindan las condiciones necesarias para ejercer su labor, y no están cumpliendo los protocolos que manda el Ministerio de Salud según lo requiere cada caso.

“A los médicos no se les da siempre lo que ellos necesitan, aduciendo que hay que economizar, porque recuerden que estas clínicas trabajan en la lógica del mínimo de inversión y el máximo de recuperación (de ganancias)”, comentó Cabezas.

 

 

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