Edgard Barberena
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La Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua demandó a la Asamblea Nacional aprobar una ley para beneficio del sector de la población nicaragüense y aplicar la “Declaración internacional de los derechos indígenas” firmada por las Naciones Unidas en 2007.

Desde 2007 en las gavetas de la Primera Secretaría del Legislativo está engavetado un dictamen de minoría sobre una iniciativa destinada a consignar los derechos de las comunidades del Centro y Pacífico de Nicaragua, tal como lo tienen las etnias del Caribe en la Ley de Autonomía de la Costa Caribe nicaragüense.

Los demandantes -–entre ellos personas con ascendencia chorotegas, cacaoperas, nahoas y xiu-- también demandan a los diputados ratificar a la mayor brevedad posible el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, mismo que ha sido prometido por los gobiernos anteriores.

Las demandas surgieron después de realizar encuentros de más de mil miembros de las diferentes comunidades que sesionaron en este mes en San Juan de Oriente, Masaya, en Litelpaneca, en Nueva Segovia, y Sutiaba, en León.

Exigen también abrir un proceso de consulta para la aprobación de la Ley de medicina tradicional y terapias alternativas.

Exhortaron a las autoridades del gobierno respetar a las comunidades, especialmente a los terapeutas tradicionales, que tienen la voluntad de trabajar con el Minsa para resolver los problemas de salud.

En la resolución demandan investigar sobre convivencias comunitarias y la medicina tradicional, enfocando los esfuerzos hacia aquellas prácticas, experiencias y saberes que no están registradas y conocidas por el Ministerio de Salud, y que permitan la construcción colectiva de modelos de salud basados en las convivencias comunitarias.

Desde la década de los 80, antes de que el Legislativo de la época aprobara el Estatuto de la Autonomía de las etnias del Atlántico, el entonces legislador Domingo Sánchez “Chagüitillo” abogó durante varios años por establecer leyes de protección a las etnias del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua.