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Una cita judicial fue girada a solicitud del Ministerio Público para que Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, haga entrega inmediata de las claves de las tres computadoras requisadas hace mes y medio con el allanamiento de las oficinas de la organización como parte de una investigación por supuesta triangulación de dinero.

Ante esto, tanto Jiménez, a criterio personal, como otras integrantes del MAM, ayer introdujeron escritos separados en el Ministerio Público, en la cual explican que las computadoras no tienen claves de acceso, y si algún documento está encriptado, desconocen los códigos para abrirlos.

Explicó que no es que quieran incumplir con el requerimiento. Señala que éstas son computadoras de acceso común para las integrantes del MAM, y tendrían que saber qué archivos no pueden abrir, pero también tendrían qué saber de quién es para preguntarle el código a la persona que lo creó.

“En primer lugar, al fiscal desde un inicio se les dijo que las computadoras no tenían información de contabilidad y correspondía a archivos personales de nuestras integrantes. En segundo lugar, no entendemos esto. Representantes de la misma Fiscalía dijeron que sus peritos ya habían abierto las computadoras y estaban analizando la información, pero ahora --mes y medio después-- aseguran que necesitan las claves de acceso. Esto significa dos cosas, o que sus peritos son incapaces o es que quieren tener una excusa para otra cosa”, comentó Jiménez.

Nuestra entrevistada consideró que lo segundo podría ser una acción legal en su contra por no acatar un mandato judicial.

Ana Quirós, como parte del MAM, señaló que el requerimiento les llegó el jueves para presentarse el viernes, pero con los disturbios en la cercana zona de la rotonda Rubén Darío, los accesos fueron cerrados y aseguran que no pudieron presentarse la cita.

De nuevo explican su organización
La carta que entregaron hasta ayer de manera colectiva era para recordarle a la Fiscalía que el MAM no era una organización con personalidad jurídica, sino un movimiento social de carácter autónomo integrado por mujeres a título individual que asumen el carácter y la naturaleza del mismo. Por tanto, en su estructura organizativa solamente cabe la asamblea general y la coordinadora política, y a Jiménez no se les podía denominar representante legal para hacerle un requerimiento judicial.

“Así que todas respondemos por lo que hay aquí. Eso es lo que en esencia exponemos en la carta”, expresó Quirós, quien teme que el “impasse” de la Fiscalía, propiciado por las elecciones municipales, haya terminado, y nuevamente haya iniciado la “cacería” contra las feministas.

“Ellos” --los fiscales y el Ministerio de Gobernación—“dicen que no existe persecución contra las Organizaciones No Gubernamentales, pero la intervención en el MAM, en el Centro de Investigación para la Comunicación, entre otras organizaciones, además de los señalamientos contra la Coordinadora Civil, Asociación de Mujeres “Luisa Amanda Espinoza” y la Red de Mujeres contra la Violencia, no creemos que sean esporádicos”, comentó.

Quirós indicó que si bien el MAM es un movimiento social en el que sus miembros actúan de manera particular, entre sus componentes están mujeres líderes de unas 200 organizaciones feministas. Por lo tanto, perseguir al MAM significaba afectar en alguna medida a esas líderes.

“A este gobierno de corte totalitario le duele que le critiquen, que le digan verdades y que internacionalmente los movimientos feministas repudien sus acciones. Por eso nos está acosando, pero nosotras no nos vamos a callar”, expresó Quirós.