Leoncio Vanegas
  •  |
  •  |
  • END

Jalapa, Nueva Segovia

La Contraloría General de la República (CGR) a través del notificador oficial, Frank Mena, notificó la Resolución de una auditoría especial realizada en la Comuna para revisar casos específicos del período 2001-2004, y que “pega” con presunción penal al ex alcalde Francisco Omar González Vílchez, al ex vice, José Tomás González, así como al edil de turno, Humberto Pérez Largaespada, y al vicealcalde Danilo Montiel Sanabria.

Una fuente cercana a la Alcaldía dijo a EL NUEVO DIARIO que el funcionario del ente fiscalizador anduvo de casa en casa, entregando la resolución rubricada por la doctora Selena del C. Mejía Taleno, Secretaria de Actas y Acuerdos de la CGR.
Es probable que todos los imputados por la CGR se amparen contra la resolución, algo que ya hizo el actual edil y admitió el Tribunal de Apelaciones de Estelí (TAE), el pasado 31 de octubre, por declaraciones del contralor Luis Ángel Montenegro, dadas a medios nacionales que anticipaban una resolución con presunción penal.

La población de Jalapa ahora está con la expectativa ante los movimientos internos que sufrirá la Alcaldía, en un dado caso de que el Concejo en pleno decida, como lo señala la Ley de Municipios, destituir al alcalde y al vicealcalde.

La auditoría especial en la comuna fue realizada a petición misma del alcalde Pérez Largaespada el 25 de febrero de 2005, cuando denunció ante el ente fiscalizador hechos de corrupción, supuestamente cometidos por su antecesor González Vílchez, pero con algunos hechos que también lo comprometían a él.
La presunción penal por la que el cuarteto de funcionarios y ex funcionarios de la comuna jalapeña deberá responder ante los tribunales comunes, es por la emisión del cheque número 20004, del 25 de noviembre de 2004, de una cuenta en Banpro por 446 mil 216 córdobas, que González Vílchez entregó a su sucesor Pérez Largaespada, entonces electo alcalde en ese mes para el período 2005-2008.

El fondo había sido desembolsado por APDEL-Danida --programa de Dinamarca en Las Segovias, para apoyar a las alcaldías-- para la construcción de una terminal de buses en el municipio, obra que nunca fue realizada por ningún funcionarios, porque, supuestamente, el dinero había sido devuelto por el actual alcalde al organismo financiante.

En su informe, los auditores determinaron que la actual administración edilicia tomó fondos de otros proyectos de inversión pública para cumplir el reembolso a APDEL-Danida, evidenciando un daño patrimonial a la municipalidad.

La finca fantasma

En otro caso, donde aparecen involucrados el alcalde saliente y el entrante, es en el supuesto mal uso de 16 mil 892 dólares, donados por el ayuntamiento de Champigny (Francia) y Fons Catalá (España), destinados para la construcción de una aula en la comarca La Mía, “Unidos para vivir mejor”, y en la Reserva Ecológica de Jalapa.

En la trama, González Vílchez, en calidad de alcalde, “compró” una finca de 40 manzanas en la comarca Siuce-La Jungla, para un parque ecológico, al señor José Galindo Urbina, “terreno” que, por casualidad, colinda con una propiedad de Pérez Largaespada. Refiere la resolución del ente fiscalizador, que para la compra del supuesto terreno en referencia, Humberto Pérez Largaespada, actual alcalde de ese municipio, presentó documentación alterada para justificar la compra del bien, realizada por su ahora enemigo y antecesor. Al parecer, la Policía Económica determinó la falsedad de un título de reforma agraria.

La CGR señala en su resolución cuatro casos de presunta corrupción cometidos por la administración edilicia anterior, y cuyos autores han quedado eximidos de acusación por haber caducado el período para impulsar una acción penal, civil o administrativa.

El primero, es de cheques emitidos de fondos provenientes de una demanda que le ganó a la empresa distribuidora de electricidad Unión Fenosa, y que fueron reportados como gastos con fondos de las transferencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), desembolsados en 2002. Un segundo caso, por el manejo irregular de fondos transferidos en 2002 por el MHCP; un tercer hecho, por la venta en 2001 de un camión Mitsubishi, propiedad de la municipalidad.
Por último, la compra de una camioneta doble cabina a la entonces diputada sandinista Miriam Consuelo Vargas Loáisiga, y que no llegó a Jalapa, porque posteriormente, el vehículo fue vendido por la misma señora a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Por esta transacción, los auditores no lograron comprobar el reembolso en la Alcaldía, por parte de González Vílchez, del importe de 295 mil 136 córdobas con 91/100.