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Aunque las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Fiscalía y Policía Nacional indicaron que no tenemos una “plaga” de traficantes de armas, porque solo somos un país de tránsito, Nicaragua reformará su Código Penal para incluir como un delito autónomo e imprescriptible, la modificación o alteración de municiones.

“Todo lo que es delito transnacional lo estamos armonizando a las necesidades de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y específicamente en el tema de tráfico de armas lo que estamos planteando es que quede como un delito universal, que son esos delitos imprescriptibles”, apuntó el vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar.

“Hemos establecido algunos delitos autónomos en el tráfico de armas, municiones y la tenencia, que no estaban penalizados aquí, como es la alteración de las municiones. Entonces, estamos estableciendo como delito autónomo que cualquier modificación o alteración a las municiones se contemple como un delito, porque una munición de uso civil puede transformarse para uso destructivo”, detalló Aguilar.

DELITO GRAVE

“Todo esto tendrá penas de delitos graves, es decir, superior a los 5 años (de cárcel), pero eso no es algo que podamos asegurar, porque lo vamos a pasar a la Asamblea que es la que tiene que definir la conducta penal y después la pena”, aclaró el vicepresidente de la CSJ.

Los delitos graves se ventilan en los Juzgados Penales de Distrito, porque la pena es mayor a los 5 años de cárcel, a diferencia de los ilícitos menos graves, que se castigan con penas menores a los 5 años y se tramitan en Juzgados Locales Penales.

La propuesta de reforma se inscribe dentro del proceso de armonización de las legislaciones de los países del Sistema de Integración Centroamericana, Panamá y República Dominicana, cuyas autoridades están trabajando en la reforma de 9 tipos penales que constituyen delitos transnacionales, y de 13 instrumentos procesales.

Nicaragua ha avanzado en este proceso, por lo que el magistrado Aguilar dijo que esperan presentar el proyecto de reforma al Parlamento en los próximos días, para el proceso de consulta, discusión y aprobación.

Las palabras de Aguilar tuvieron lugar en la inauguración del curso “Desarticulación de estructuras criminales del tráfico de armas de fuego”, en el que participan 41 operadores de justicia nicaragüenses como parte del proyecto “Apoyo a la lucha contra la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego en Centroamérica y países vecinos”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Secretaría General del Sistema para la Integración Centroamericana, a través del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras, CASAC.

SITUACIÓN

Hefer Morataya, director del CASAC, dijo que el objetivo del curso es dotar de conocimientos, herramientas e instrumentos a los operadores de justicia para que trabajen de forma más efectiva en la desarticulación de las estructuras dedicadas al tráfico de armas, las que según dijo, operan en la región de afuera hacia dentro y en el interior de los países.

Morataya indicó que en el tráfico de armamento están involucradas diferentes organizaciones, tanto “extrarregionales” como regionales, y lo que estas trafican son armas importadas de otros países, y las que son hurtadas, robadas o extraviadas a lo interno de las naciones, por lo que el CASAC también está trabajando en el rastreo de las mismas a través de las instituciones policiales del área.

El funcionario explicó que uno de los problemas que existen en la región es que pese a que la persona es detenida en flagrante tráfico de armas, los procesos no se estructuran como tales, porque no hay elementos probatorios para acreditar la transacción comercial, “lo que limita la tipificación del delito”, y, por consiguiente, la sentencia que se dicta corresponde a la portación ilegal de armas de fuego.

El magistrado Marvin Aguilar indicó que en Nicaragua no ha habido problemas de este tipo, porque en los pocos casos remitidos a los Juzgados la ley se ha aplicado.

En ese sentido, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, indicó que las últimas dos incautaciones de armas fueron tipificadas y acusadas como crimen organizado, tráfico y almacenamiento de armas restringidas.

SIN TRAFICANTES

Guido indicó que esas últimas incautaciones de armas no suponen un repunte del tráfico en el país, sino que indica que la Policía está siendo más efectiva “y descubriendo más el tráfico de armas”.

Por su lado, el comisionado mayor Gregorio Aburto, encargado de la comisión nacional para el control de armas del Ministerio de Gobernación, dijo que lo que esas incautaciones revelan es que “la amenaza es latente en la región”, y que las fronteras son vulnerables al tráfico.

Según las investigaciones policiales, las armas incautadas en Managua probablemente iban de tráfico para los países del norte, donde hay compradores, “porque nosotros pues prácticamente aquí (en Nicaragua) no tenemos grandes bandas, y ustedes saben que el crimen organizado también es parte de los que utilizan este tipo de armamento”, acotó Guido.

Agregó que en el último caso de tráfico de armas se determinó que los vinculados con el delito eran personas que trabajaban en empresas de vigilancia, no obstante, el comisionado mayor Vargas apuntó que estas compañías ya no usan armas restringidas, aunque varios vigilantes sí, han sido objeto de robos de armamento.

 

"(El tráfico) es un delito que aquí no es una plaga, pero sí lo estamos previniendo, por el asunto del tráfico del sur al norte, o del norte a sur; Nicaragua no es un país que tenga de destino o que promueva el tráfico".

Marvin Aguilar, Vicepresidente de la CSJ.

 

9,556 ARRESTADOS en Centroamérica en 2012 por tenencia ilegal de armas de fuego.

 

Incautan 10 armas más en Matagalpa y en Nueva Guinea

Francisco Mendoza y Janeth Oporta

BANDAS • La Policía matagalpina informó que incautó dos fusiles AK, 102 proyectiles y 6 magazines que dos sujetos transportaban, aunque las investigaciones continúan, porque se cree que hay más elementos involucrados en el delito.

Una fuente de la Dirección de Inteligencia reveló que los detenidos son Bayardo Méndez Gómez y Norman Jarquín Tercero, quienes supuestamente pertenecen a una banda que operaba en el sector de Aguas Calientes, entre los municipios de Waslala y Rancho Grande, en Matagalpa.

DETENIDA

La Policía incautó a los sospechosos dos cananas para cargar magazines, una mochila, una camisa camuflada y arneses para zambrones.

Paralelamente, las autoridades policiales de Nueva Guinea informaron que en Puerto Príncipe incautaron 5 fusiles, 3 pistolas calibres 38 y 22, las que aparentemente eran utilizadas para cometer robos con intimidación.

Los detenidos son Juan Ignacio García y Auxiliadora Espinales Jirón. Un tercer involucrado se encuentra prófugo.