Leyla Jarquín
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Familiares y trabajadores de Juan Ernesto Lumbí Hernández, propietario de la hacienda ganadera “El Tobobal”, en Mulukukú, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el allanamiento ilegal realizado por militares y policías la semana pasada, así como la posterior acusación por crimen organizado y almacenamiento de estupefacientes que pende sobre cuatro de ellos.

La hacienda el Tobobal está ubicada en la comunidad Bilwas Central, a unos 25 kilómetros al oeste de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte, RACN, y según los denunciantes, el allanamiento, que inició el pasado martes 4 de noviembre y terminó el sábado 8, fue realizado de forma irregular y sin orden judicial.

La operación, realizada entre el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, terminó con la detención de los mozos Dixon Mendoza Chavarría, Francisco Hukler Olivas, Oscar Olivas Polanco y Arsenio Hukler Oporta, quienes junto a Juan Ernesto Lumbí Hernández y su hijo Norla Lumbí López, están siendo acusados por crimen organizado y almacenamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Acusación

De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público el pasado 13 de noviembre, en el allanamiento se encontraron en distintos lugares dos bolsas plásticas, una color anaranjado y la otra color azul, que contenían hierba color verde que resultó ser marihuana, así como 4 escopetas 12 milímetros y un fusil calibre 22.

También plantea que el operativo corresponde a un plan de seguridad que ejecuta el Ejército en esa zona de Mulukukú y señala que Juan Ernesto Lumbí Hernández dirige una agrupación delincuencial denominada “Los Pirulos” y que brinda escondite a personas que se dedican al abigeato, robo con intimidación, extorsión y secuestro.

Sin embargo, Clorinda Polanco, trabajadora de la hacienda, aseguró que ni el dueño ni los mozos de la misma están involucrados en actividades ilícitas, y atribuyó el allanamiento y la acusación a un “odio personal”.

El coordinador del Cenidh en Matagalpa, Juan Carlos Arce, indicó que este “es un caso gravísimo que revela una actuación de la Policía y del Ejército en articulación con grupos irregulares”.

“El elemento nuevo que vemos aquí es la articulación con un grupo que no se sabe quiénes son (sus miembros), la familia identifica a dos personas que son de la zona y que nunca los habían identificado con el Ejército”, destacó Arce, por lo que exigió una investigación a fondo de parte de la Policía y el Ejército.

El Nuevo Diario se comunicó con el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, para tener la versión de esta institución, pero aunque prometió devolver la llamada, al cierre de esta nota no lo había hecho. En tanto, el vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, no contestó su celular.