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Diputados oficialistas del Parlamento presentaron esta semana un anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, con el que buscan regular a las aproximadamente 160 empresas que ofrecen este servicio a nivel nacional.

La iniciativa de ley contempla que las sumas recaudadas en concepto de aranceles o tasas por licencias, permisos, acreditaciones, certificaciones, entre otros, serán destinadas a la Policía Nacional.

El anteproyecto regulará también la seguridad privada que no sea con fines comerciales, así como las instalaciones, el control de su personal, su equipamiento y actuación. Se estima que en la actualidad aproximadamente 21,000 hombres y mujeres trabajan en este sector.

En la exposición de motivos, los proyectistas hacen hincapié en la necesidad de regular una industria creciente en el país que aún carece de una legislación especializada.

Cooperación con la PN

La iniciativa contempla que los prestadores de servicio de seguridad privada estarán obligados a cooperar con la Policía Nacional en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público.

El capítulo III aborda las modalidades de la seguridad privada e identifica seis tipos. Uno de ellos es la vigilancia física, protección personal -- que puede ser comercial, industrial, residencial o domiciliar-- y de eventos públicos.

Luego está la protección de valores --que incluye la administración--, transporte terrestre, aéreo, acuático y transfronterizo, y custodia.

Asimismo, está la de seguridad electrónica que puede ser con GPS y con centrales receptoras y de monitoreo de alarmas; y la instalación y comercialización de medios técnicos de seguridad; de formación y capacitación en seguridad privada; y de planificación y asesoramiento en seguridad privada.

Autoridad reguladora

El artículo seis crea la “Autoridad de aplicación”, que será la Policía Nacional a través de la especialidad de Seguridad Pública.

En este punto, se establece que las sumas recaudadas por los aranceles que deben pagar las empresas de seguridad privada, serán destinadas “para el fortalecimiento técnico”, y para “dotar de recursos humanos y materiales a la Autoridad de Aplicación en sus funciones de control y supervisión para su efectivo cumplimiento”.

La legislación crea el Registro Nacional de Seguridad Privada, en el que se deben inscribir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de seguridad privada.

En este registro deberán inscribirse también las altas y bajas de personal de seguridad privada, al igual que las de los usuarios de seguridad privada; las infracciones cometidas por los prestadores del servicio; y los uniformes autorizados, con respaldo de modelos y archivos fotográficos.

Los tipos de licencias y modalidades de servicio autorizados, la ubicación de las armas de fuego en uso y en bodegas, y los medios de transporte con sus principales características identificativas y técnicas también deberán estar anotados.

El registro poseerá información básica sobre las empresas de seguridad como la información general de sus socios “relacionada al vínculo con la empresa o empresas a las que pertenezcan”. Igualmente, la nómina del personal que presta los servicios de seguridad, información técnica de las centrales de alarma, la cantidad y el tipo de medios de comunicación con la información individualizada, entre otros.

160 empresas de seguridad existen aproximadamente.

21 mil guardas de seguridad.