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Mientras los representantes de las compañías de seguridad ven con buenos ojos el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, los de las empresas pequeñas o colectivos que “atienden” en residenciales y barrios, temen que la normativa provoque el encarecimiento del servicio y los saque del negocio.

El diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, dijo este lunes que el proyecto de Ley de Seguridad Privada busca clasificar a las empresas de vigilancia de acuerdo a los servicios que ofrecen, de modo que “el costo de la licencia va a variar de acuerdo al tipo de servicio; porque hay empresas que llenan de 4 hasta 5 categorías”, precisó el legislador.

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Janeth Granados, coordinadora de la vigilancia de calles de la Colonia Centroamérica y de un residencial en Carretera a Masaya, comentó que hasta ahora hace las gestiones para constituirse como negocio e inscribirse ante la Alcaldía de Managua y la Dirección General de Ingresos para pagar una cuota fija, por lo que el pago por una licencia de operación aumentaría sus costos de operación, “y la gente con costo paga”.

Por cada casa que resguardan los vigilantes de Granados (4), ella recibe entre C$200 o C$150 a la quincena, y con lo que recauda solo cubre los salarios de sus empleados, por lo que pagar una licencia por el servicio que presta le preocupa.

Por su parte don Julio Reyes, propietario de “Vigilancia Julio Reyes”, que opera en Ciudad Sandino, dijo que está bien que se regule el servicio, pero advirtió que para colectivos como el suyo --que apenas cuenta con 22 hombres y está en proceso de legalización--, el pago de una licencia de operación y llenar todos los trámites que la norma establece, podría hacerlos desaparecer.

No obstante, Reyes dijo que si el anteproyecto se aprueba tal como está planteado, no les quedará más que acatar.

Reyes y Granados cuestionan lo relativo a los registros de personal y armas; porque por separado indicaron que la Policía tiene los registros de todo el personal que labora en vigilancia de calles, pero sin armas, porque lo que le cobran a sus clientes “no da” para comprarlas.

Además, comentaron que desde hace varias semanas la Policía no le ha otorgado licencia de portación de armas a ningún celador de calles, debido a los robos que este sector ha sufrido por parte de la delincuencia.

POSITIVO

“Es positivo que el Estado tome control de toda la seguridad, y que realmente lo que ahí se determine sea exigible a todos los elementos, a todos los sujetos de control y a todos los que están involucrados en seguridad privada, lo cual, si se hace así, (como) una exigencia a todos los miembros de la industria, seguramente esto podría incrementar el profesionalismo y el grado de cumplimiento de las normativas”, dijo por su parte Mario Avilés, gerente general de la empresa de seguridad privada Servipro.

Aunque no tiene información específica sobre el valor de las licencias, Avilés descartó la posibilidad de que lo que plantea la ley vaya a encarecer el servicio, “porque ya las empresas, cuando solicitan el permiso (de operación) pagan un arancel”.

El anteproyecto de ley plantea que las empresas de vigilancia tienen que colaborar con la Policía y con la seguridad ciudadana, lo que según el gerente general de Servipro ya se viene haciendo, porque su función primaria es prevenir el delito.

EL REGISTRO

El diputado Filiberto Rodríguez explicó que con la nueva ley pretenden tener un registro nacional de cuántas empresas hay, quiénes son los dueños, si cumplen con la parte laboral y con los compromisos sociales de sus trabajadores”.

Dijo, además, que la ley pretende velar para que la seguridad privada no invada funciones de la seguridad pública.

 

166 empresas de seguridad existen en el país.

 

16,600 hombres trabajan en empresas de seguridad.