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Pese a que Nicaragua lidera en cifras en cuanto a la representación femenina en el Gobierno y en el Parlamento, con el 57 y el 40%, respectivamente, en términos generales la participación y presencia de las mujeres en la toma de decisiones “es incipiente, y dista de la paridad de género en la mayoría de los países”.

251114 equidad

Eso es lo que dice el informe anual 2013-2014 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, titulado “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, publicado recientemente.

Un estudio publicado el mes pasado por el Fondo Económico Mundial, ubica a Nicaragua en el sexto lugar como uno de los países más igualitarios del mundo.

“Estamos trabajando duro para desarrollar más los espacios de poder ocupados por mujeres, de manera que podamos hablar de estar todavía más cerca del primer lugar que las mujeres nicaragüenses merecemos”, dijo en su momento la portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, al referirse al informe del Fondo Económico Mundial.

Situación

La activista pro derechos humanos de las mujeres, Magaly Quintana, no se explica cómo es que Nicaragua se ubica en esa posición, porque si bien es cierto que las mujeres están en cargos públicos, estas obedecen al partido que representan.

“Y mientras no asuman la demanda y la defensa de los intereses de las mujeres, es como si estuviera otro macho en esos cargos”, afirmó.

Por otro lado, el informe de la Cepal indica que la igualdad de género ha pasado a formar parte de la agenda política de los gobiernos en cuanto a salud sexual y reproductiva, lo cual constituye un avance para la organización regional.

En algunos países de América Latina y el Caribe, sin embargo, hay amenazas contra la autonomía de las mujeres, porque estas se ven forzadas a una maternidad no deseada.

En ese sentido, el informe explica que “en la actualidad, tres países de América Latina y México, D.F. tienen una legislación que permite el aborto, y en cinco países este está penalizado en todas sus formas, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro. De los 11 países que permiten el aborto bajo alguna causal, dos lo permiten solamente cuando la vida de la mujer está en peligro”.

En la lista “roja”

Los países incluidos en una lista roja por penalizar la interrupción del embarazo son: Chile Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.

“Impulsar medidas para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres y la población en general, especialmente políticas de educación sexual y de atención en salud sexual y reproductiva, es un imperativo para el avance de la autonomía física de las mujeres, y constituye un compromiso para los Estados, en la medida en que el acceso universal a la salud reproductiva es, además, el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, que busca mejorar la salud materna”, recomendó el Cepal.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, la cual es considerada como una violación a sus derechos y una expresión extrema de la desigualdad de género y de las relaciones de poder entre los sexos, la Cepal reconoce que los países del área han adoptado diferentes instrumentos legales internacionales a favor de las mujeres, además, han dictado normas para abordar integralmente el problema.

Dicho proceso inició en Nicaragua en 2012, con la inclusión del tipo penal de femicidio en el Código Penal, el establecimiento de políticas públicas de protección, la creación de órganos especializados y con la instauración de la comisión interinstitucional de violencia contra la mujer, además, el país informó que está ejecutando un plan nacional de abordaje del problema, explica el informe.

Violencia

Quintana reconoce que la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer es un avance, “pero de nada nos sirve tener una ley si no se aplica”.

En ese sentido, mencionó que en los últimos años, según registros de la Policía Nacional, más de 26,400 mujeres fueron violentadas sexualmente, pero solo hubo 8,953 detenidos.

La Cepal destaca, además, que la legislación de Nicaragua expresamente prohíbe la mediación en los casos de violencia contra la mujer, además, indica que el femicidio se puede dar en los ámbitos privado y público.

La mediación

Esa disposición, no obstante, varió mucho antes de la publicación del informe, porque ahora sí hay mediación en los delitos menos graves, y el tipo penal de femicidio fue circunscrito al ámbito privado, mediante un decreto publicado por el Ejecutivo este año.

La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ponderó en su momento las bondades del reglamento, porque “viene por primera vez en la historia de Nicaragua a establecer que las víctimas tienen derecho a que el Estado les brinde protección, seguridad y el resarcimiento del daño”.

El gran vacío es la medición de todos los tipos de violencia contra las mujeres, porque los datos están dispersos entre diferentes instituciones públicas y aún en las privadas, por lo que la tarea pendiente, según la Cepal, es la armonización y estandarización de la información, para visibilizar el fenómeno y usar la información en la toma de decisiones y evaluación de resultados.

Finalmente, el informe de la Cepal reconoce los avances en los países de la región para abordar todas las formas de violencia mediante las leyes, sin embargo, el problema es “la ausencia de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación”.

La recomendación del organismo es atender los factores que permiten la continuidad de la violencia y aplicar medidas y políticas integrales para modificar la cultura de violencia existente.

En este sentido, la magistrada presidenta de la CSJ informó en su momento que el Estado ya está trabajando para erradicar la cultura de violencia mediante la prevención desde las comunidades con el apoyo de los Consejos de Familia.

“Por ejemplo la campaña contra la violencia que impulsa la CSJ es de prevención. Es la misma que hace la comunidad, en la familia, en la escuela y a través de programas de formación en escuelas y comunidades, con capacitaciones a los que integren los Consejos de Familia”, apuntó Ramos en su momento, declaraciones recogidas en la página Web de la CSJ.

"El Gobierno está trabajando precisamente para invisibilizar los datos de violencia contra la mujer y así quedar muy bien en el exterior".

Magaly Quintana, Activista pro derechos de las mujeres .

24 Femicidios contabiliza la Policía en lo que va del año, pero las Católicas por el Derecho a Decidir dan cuenta de 61.

47.8 por ciento de las mujeres reportaron haber sido agredidas “alguna vez” cuando estaban en pareja, según el informe de la Cepal.