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Representantes de organismos que defienden los derechos humanos en Nicaragua demandaron del Estado un papel más beligerante para proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez que ha quedado en la orfandad a consecuencia de accidentes de tránsito u otro tipo de violencia, sin embargo, legisladores sandinistas dicen que estos están protegidos por diversas leyes.

“El tema de los niños huérfanos es clave en la sociedad nicaragüense, porque tenemos niños en situación de abandono por diferentes causas, una de ellas, obviamente, son los accidentes de tránsito”, opinó Denis Darce, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH.

Explicó que normalmente lo que sucede en estos casos es que al morir el papá o la mamá, el niño o la niña se va a vivir con el tío o la tía, el abuelo o la abuela, “y el Estado no interviene, pese a que está obligado a hacerlo aún de oficio”.

“Nosotros nos hemos encontrado con situaciones tristes que no solo tienen que ver con accidentes de tránsito, sino con niños que quedan huérfanos porque sus madres fueron asesinadas o fueron víctimas de violencia”, comentó por su lado Adelaida Sánchez, vocera del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

“Generalmente, es la familia materna la que se hace cargo de los niños y ellos tienen que garantizarles todo, y el Estado no les proporciona ningún recurso para que se puedan desarrollar de forma óptima”, agregó Sánchez.

NO DESLINDAR

“Es importante que el Estado no deslinde su responsabilidad en la familia”, apuntó Darce, quien opina que este debe complementar económicamente “aquella parte que esa familia no puede, porque son familias que ya tienen otros niños, y asumir a los nuevos representa un gasto extra”.

El diputado Carlos Emilio López, presidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia del Parlamento, explicó por su lado que hay varias leyes que protegen a los niños y niñas huérfanos, como son el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de la Familia que pronto entrará en vigencia y la Ley de Responsabilidad Materna y Paterna, las que establecen quiénes deben asumir la responsabilidad en casos de muerte.

López aclaró que se considera en situación de total desamparo u orfandad a aquel niño o niña que no tiene ni un solo familiar que se haga cargo de ellos, en cuyo caso son enviados temporalmente a alguno de los más de 70 centros de acogida que existen en el país, u hogar sustituto para mientras son dados en adopción.

El Consejo Nacional de Adopción, según la Ley de Adopción, analiza las solicitudes y hace un estudio biopsicosocial de los candidatos, mientras tanto, el Estado mantiene a estos niños y niñas en resguardo en centros de acogida u hogares sustitutos, comentó la diputada sandinista Martha Marina González, quien aclaró que “ellos no quedan en el abandono total” ni en la calle.

López dijo que el Estado, a través del Ministerio de la Familia que regula todos estos centros de acogida y hogares sustitutos, “procura” que los derechos de los niños y niñas que están ahí sean respetados.

Para que el Estado cumpla su papel garantizando el cumplimiento efectivo de los derechos de estos niños y niñas, Darce señala que habría que demandarlo “ante las instancias correspondientes”, mediante mecanismos judiciales establecidos en la ley.

 

"El Estado debe asumir la recuperación psicosocial de ese niño o niña, dándole atención especializada".