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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, varias organizaciones marcharon ayer a favor de eliminar las causas que generan esa violencia que deja pérdidas económicas aún no contabilizadas en áreas urbanas, aunque en las rurales es donde se sufre con mayor fuerza.

Según el diagnóstico comunitario “Mujer, Violencia y Migración en el año 2012-2013”, realizado por la organización Nicasmigrantes, entre 1,348 personas, al menos 6 de cada 10 mujeres reconocen la violencia intrafamiliar como un problema social y de salud que afecta a sus familias.

“La perciben en las palabras (53%), en la irresponsabilidad paterna (38%), en la violencia física (37%) y violencia sexual (12%). Nos expresaron que las causas principales y desencadenantes son el machismo, el alcohol, los celos e inseguridad, la falta de educación, la intolerancia y la irresponsabilidad paterna”, indica un informe de la organización.

“En el ámbito rural la violencia es más fuerte, porque para la mujer es más difícil acceder a la justicia, a sistemas de denuncia fiables y hay mucha presión en términos culturales, pero eso no significa que sea menos cruenta”, reafirmó Ignacio López, de la Red de Desarrollo Sostenible, que trabaja en 14 municipios del país.

IMPACTO ECONÓMICO

López apuntó que la violencia afecta el desarrollo económico del país por el impacto que tiene en la salud de las mujeres, pero dijo que no hay que limitarse al conteo. “Pero también es un impacto a la moral y a la ética que como sociedad queremos construir y desarrollar para vivir en igualdad y sin violencia”, agregó.

Según el estudio de Nicasmigrantes, el ciclo de la migración y el de la violencia social e intrafamiliar genera en las mujeres problemas de salud como estrés (50%), dolor de cabeza (50%), dolor muscular (38%), agotamiento físico (31%), depresión (30%), presión alta (26%) e insomnio (18%).

No existen datos oficiales sobre los días de subsidio u hospitalización, o días de trabajo que una mujer pierde a consecuencia de la violencia en Nicaragua, sin embargo en el marco de un conversatorio sobre violencia contra la mujer, organizado por el BID, este año en Washington, se conoció que el costo económico de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe oscila entre 1.6% y 3.7% del PIB.

Mientras, el costo económico y social de perder una vida resulta incalculable.

Por eso, Nicasmigrantes demandó eliminar las causas “desde cada uno de nosotros y nosotras, con la finalidad de salvar vidas de mujeres, niños, niñas y varones” y la aplicación rigurosa de la ley.

AVANCES INSUFICIENTES

Para la coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Greta Fajardo, llegar a una verdadera equidad de género requiere de un proceso continuado de flujos y reflujos, por lo que así como puede avanzarse un paso, se retroceden dos.

A su juicio, Nicaragua es un país respetuoso jurídicamente en esta materia, lo que ha permitido ganar un piso para poder lograr algunos progresos. Uno de ellos es la política de equidad del Estado y la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades o Ley 648, en la que se promueve la participación femenina en la administración pública y poderes estatales.

“No solo es sancionar una acción penal sino también prevenir con estrategias de educación que permitan a los niños desde el primer año de clases, ir transformando esos roles, y educarlos desde la igualdad, desde la perspectiva de género”, agregó Fajardo.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, explicó que según datos de la Comisaría de la Mujer y del Instituto de Medicina Legal “han disminuido las denuncias”, pero lo que en realidad está sucediendo es que las mujeres que llegan a denunciar violencia son derivadas a las consejerías institucionales o comunitarias.

Además, demandaron la despenalización del aborto y respuesta a los recursos que en ese sentido interpusieron; que se le pague lo justo a las mujeres cuyas tierras se verán afectadas por la construcción del Canal Interoceánico, y justicia y sanción para los agresores de mujeres.

35 POR CIENTO de las mujeres que viven en pareja, aproximadamente, sufren malos tratos físicos o psíquicos en Nicaragua.

69 MUJERES nicaragüenses han sido asesinadas este año dentro o fuera del país.