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Con el fin de sanear las finanzas tanto de la empresa distribuidora de energía Dissnorte-Dissur, como del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, y de los usuarios del servicio de energía eléctrica, el Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor presentó una propuesta de amnistía y descuentos para que quienes tienen facturas pendientes o multas por robar energía puedan regularizarse.

A la fecha, la empresa de energía refleja 50 millones de dólares en pérdidas, según Juan Carlos López, director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor.

Señaló que aún hay personas que no están bien informadas sobre las consecuencias jurídicas y técnicas de no realizar el pago del servicio, por lo que llamó a las autoridades a trabajar por la concientización integral masiva.

El Código Penal establece en su artículo 236 sanciones económicas y prisión de uno a tres años, para una persona que esté conectada ilegalmente.

Rubén Arreola, del organismo de defensa al consumidor, señaló que mensualmente se recibe un promedio de 280 reclamos por la factura energética.

Se espera que el 12 de diciembre, tanto INE como la empresa distribuidora de energía den respuesta a esta solicitud, que podría recaudar más de dos mil millones de córdobas correspondientes a la deuda total.