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El robo de energía, solo en Managua, suma casi C$7.6 millones en los nueve casos más importantes que ha llevado a los juzgados la distribuidora Disnorte-Dissur entre enero de 2013 y noviembre de 2014.

En los tres casos de mayor cuantía, los acusados han sido declarados culpables o han admitido su responsabilidad, siendo sentenciados a penas que van de uno a tres años de prisión.

En los otros seis casos los acusados mediaron con Disnorte-Dissur en el proceso judicial, logrando solventar su situación legal, según las actas de mediación que rolan en los expedientes judiciales.

57 casos en 23 meses

De enero a noviembre de este año, fueron presentadas 31 acusaciones por aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, revelan datos de la División de Implantación del Complejo Judicial Central de Managua.

En ese mismo período del 2013 fueron introducidas 26 acusaciones, es decir, hubo un leve incremento de cinco causas en  relación al año anterior,  según las estadísticas oficiales.

El 2014 despuntó con un juicio contra Mario Alemán Loredo, un exempleado de Disnorte-Dissur que se declaró culpable de los delitos de aprovechamiento ilícito del fluido eléctrico y uso no autorizado de información en perjuicio de esa empresa.

En la acusación, presentada por el Ministerio Público, se explica que Mario Alemán refacturaba sin autorización alguna los cobros de algunos clientes, causándole daño patrimonial a la empresa.

En el caso Alemán Loredo, en el que también fue declarado culpable Jorge Javier Laguna, dueño del negocio "Dulce Café", por el delito de aprovechamiento ilícito del fluido eléctrico,  el daño patrimonial fue de C$693,492, según la acusación del Ministerio Público.

Buscan resarcirse

Una fuente vinculada a los procesos penales que Disnorte-Dissur promueve en los tribunales afirmó que el principal propósito de esa compañía no está en llevar a los usuarios a la cárcel, sino en recuperar el dinero que ha dejado de percibir debido al fraude energético.

"El principal propósito es reparar el daño económico causado y por eso se busca llegar a un arreglo mediante la mediación en los procesos judiciales”, dijo la fuente, que demandó el anonimato.

Demostrada la culpabilidad y la sentencia condenatoria, Disnorte-Dissur tiene dos vías  para lograr el reparo económico: haciendo el reclamo en sede penal --ante el juez que dictó la sentencia-- o demandar en la vía civil mediante un juicio ejecutorio, explicó el informante.

No hay detenidos

En ninguno de los casos en los que hubo sentencia condenatoria los inculpados están  privados de libertad, porque recibieron el beneficio legal de la suspensión de ejecución de la pena, refieren los registros procesales.

La causa por la cual ningún sentenciado por sustracción de energía eléctrica está en la cárcel, se debe a que han recibido el beneficio legal de la suspensión de ejecución de la pena,  afirmó el abogado Róger Alvarado.

El litigante, que defiende a Erick Pichardo Luna, uno de los sentenciados por fraude energético en este año, explicó que el beneficio antes referido es otorgado por los jueces cuando se cumple con los requisitos que exige la ley.

La suspensión de la pena es aplicada en aquellos casos donde la condena no excede los cinco de años de prisión y el sentenciado no tiene antecedentes penales, agregó el entrevistado.

Lo que dice la ley

La Ley 661, conocida como ley antifraude, establece que los usuarios cuyo consumo sea superior a los 500  kilovatios e incurran en el delito de aprovechamiento ilícito del fluido eléctrico, serán sancionados por la vía penal.

Es por eso que en las acusaciones por aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, la Fiscalía y los abogados de Disnorte-Dissur siempre invocan el artículo 236 del Código Penal.

El referido artículo establece que quien robe energía eléctrica mediante una conexión ilegal o alterando el sistema de control o mediación será castigado con una pena de uno a tres años de prisión y con 100 a 300 días de multa, equivalente al salario mínimo del sector industrial.

En el caso de quienes consumen de 201 a 500 kilovatios al mes, la sanción será una multa que corresponderá al valor de la energía sustraída durante el tiempo que duró la infracción --robo-- hasta un máximo de 12 meses.

El caso de un motel

Expediente• De los 57 casos de fraude energético sancionados en los tribunales de Managua en los últimos 23 meses -- enero de 2013 a noviembre de 2014--, el más abultado --por lo que hizo al daño patrimonial-- fue el  de Jorge Luis Ortega, administrador del Motel J’Colors.

Según el expediente judicial, Ortega causó un daño patrimonial de C$3.1 millones a la empresa Disnorte-Dissur.
La acusación contra el administrador del citado negocio tuvo como antesala varios cortes del servicio de energía eléctrica en el motel.

En pleno proceso judicial, Ortega alcanzó un acuerdo con la empresa y pagó al inicio C$300,000 y la diferencia en los siguientes 18 meses, de acuerdo al expediente judicial electrónico.

El Nuevo Diario envió por correo electrónico varias preguntas a la Gerencia de Comunicación de Disnorte-Dissur, solicitando información sobre los casos de fraude energético, pero no hubo respuesta.

La Gerencia de Comunicación de Disnorte-Dissur no respondió a una serie de consultas sobre los casos de fraude energético.

57 casos de robo de energía se han registrado en los juzgados entre enero de 2013 y noviembre de 2014.