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Un pequeño grupo de manifestantes contra el Canal Interoceánico que hasta la hora de nuestro cierre mantenían el tranque en la entrada a la ciudad de Rivas, con la amenaza de prender fuego a una cisterna que contiene 8,000 galones de combustible, dijeron que esperan que el Cardenal Leopoldo Brenes se presente al lugar como mediador entre ellos y el gobierno.

En Nueva Guinea, las negociaciones anunciadas por la mañana de este martes para dejar libre el tránsito de vehículos en la vía que comunica esa ciudad con Managua, fracasaron al no realizarse una reunión entre los líderes del tranque y la alcaldía.

Aún se desconoce una respuesta del cardenal Brenes.

En Rivas, los protestantes también se tomaron las instalaciones de Dissur. En consecuencia, a las 5:00 de la tarde la Policía desplegó sus fuerzas alrededor del tramo de la carretera Panamericana donde está el tranque.

Habitantes del Barrio Los Pinos, cercano al tranque, manifestaron temor de que los manifestantes hagan detonar la cisterna y provoquen una tragedia.

[Te interesa: Wang Jing promete pagar bien las tierras]

La noche del lunes, el presidente de la concesionaria china HKND, Wang Jing, anunció que las tierras afectadas por el proyecto del Canal serán pagadas a precios justos, y este martes ofreció tres modalidades de compensación.

DAÑOS A TERCEROS

Producto del tranque, el tráfico de vehículos se ha congestionado en Rivas, afectando al transporte de pasajeros y carga. Lo mismo ha sucedido en Nueva Guinea, donde se han quejado pobladores que se mantienen al margen de la manifestación y necesitan movilizarse.

En Nueva Guinea los vehículos son paralizados hasta tres horas. “Nos están perjudicando las labores cotidianas”, dijo Benito Duarte, un ciudadano al que le impedían pasar.

Le urgía llegar a Managua porque tenía que hacer diligencias en las oficinas de Migración y Extranjería, para viajar a Costa Rica. “Este es un atraso que nadie paga. Es necesario que alguien intervenga, que las autoridades vengan a hablar con esta gente”, recomendó Duarte.

Erasmo Palacios, un carpintero que igual esperaba pasar, opinó que los manifestantes tienen derecho a rechazar “lo que no les parezca”, pero “cuando la forma de expresarlo afecta a terceros, hay que revisar”.

Adolfo Requene, otro ciudadano de Nueva Guinea que se consideró afectado, comentó que esas protestas terminan rechazadas por la población. “Hay intereses e interesados, hay políticos que al final están utilizando a los campesinos”, aseguró.

La alcaldesa de Nueva Guinea, Claribel Castillo, defendió el proyecto y llamó a los manifestantes a deponer sus posiciones. “A nuestros hermanos que están en la protesta les pedimos que tengan paciencia… A nadie se le expropiarán sus propiedades, se les pagarán sus tierras a precio justo”, afirmó.