Luis Galeano
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El ex secretario Ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas (CZF), Ramón “Monchito” Lacayo Palma, burló a la Contraloría General de la República (CGR), al pedirle una exclusión de procedimiento para la compra del terreno en el que se construyó el parque industrial “Jorge Bolaños Abaunza”, cuando ya había desembolsado más de 950 mil dólares para adquirir el total de las tierras.

Lacayo se acercó a la CGR a pedir un permiso para contratar directamente la adquisición del bien, aduciendo que era el único terreno que cumplía con las características que necesitaba el Estado para levantar el complejo industrial, y que tenía que declararse de utilidad pública para no perder la oportunidad de levantar la nueva zona franca, pero cuando lo hizo, ya todo estaba dicho.

Indagaciones de END confirmaron la existencia de un “amarre” en 2005 entre Lacayo Palma y Salvador Arnulfo Arana Moncada --el intermediario en la operación--, para que la CZF adquiriera las tierras con un sobreprecio que al final le ocasionó al Estado de Nicaragua un perjuicio económico de más de 11 millones de córdobas.

El precio pactado entre ambos fue de 953 mil 939 dólares, equivalentes de 16 millones 394 mil 211 córdobas, según el tipo de cambio en esa fecha. De acuerdo con la historia registral del bien, el valor de la propiedad donde funciona el parque industrial “Jorge Bolaños” --para la fecha de la transacción-- era de 6 millones 478 mil 198 córdobas.

La burla a la CGR
La documentación revela que los contralores decidieron responder a la petición de contratación directa hecha por Lacayo, que “la adquisición debía apegarse en todos sus extremos al procedimiento de excepción que para tales efectos establece el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado”, sin saber que ya todo estaba dicho cuando Lacayo se acercó al ente fiscalizador.

La prueba es que el ex secretario Ejecutivo de la CZF publicó el 7 de noviembre de 2005, en La Gaceta No. 215, la declaración de utilidad pública para la primera parte del terreno, adquirida de manos de José Dolores Blandino, uno de los ex dueños de la propiedad, que ahora considera que la transacción fue una “cochinada” y un “robo” en contra del Estado.

La segunda publicación la hizo en La Gaceta No. 221 del 1 de septiembre de 2006, y la tercera en La Gaceta No. 171 del 15 de noviembre de ese mismo año. Para esas fechas el desembolso del dinero del Estado, en este caso 953 mil 939 dólares (16 millones 394 mil 211 córdobas) ya se había realizado.

Así lo demuestran las Escrituras Públicas de Compra Venta firmados entre Lacayo y Arana Moncada, No. 40, 41 y 54 de fechas 25 de octubre y 1 de noviembre de 2005 y 23 de agosto de 2006, respectivamente.

“Esto es grave porque se trató de legitimar con un aprobado de la Contraloría, una operación que ya se había consumado”, dijo una fuente del ente fiscalizador, que a la vez adelantó que la auditoría que realizan sobre este asunto está pronta a fallarse, pues ya se agotaron todos los procedimientos de ley.

La fuente añadió que los contralores, sin conocer los alcances de lo que ya se había hecho, aprobaron la petición de Lacayo Palma, pero fueron enfáticos en su recomendación de cumplir con lo que establece el artículo 65 de la Ley 323.

Lo que dice la Ley de Contrataciones
Esa norma establece que “cuando la adquisición de un inmueble corresponda por razones técnicas a un bien que por sus características sea el único idóneo para la satisfacción del fin público, se prescindirá del procedimiento de licitación pública y se procederá por la más alta autoridad del respectivo organismo o entidad del sector público, a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley”.

Agrega que perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa días.

“El precio que se convenga no podrá exceder del valor de Mercado”, recomienda la Ley 323, lo cual, de acuerdo a nuestra investigación, no se aplicó.