Rafael Lara
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de Naciones Unidas, mostró su preocupación al conocer que, en Nicaragua, 2.1 millones de ciudadanos viven en la indigencia, entre otras cosas graves reflejadas en los informes de nación presentados en la sesión del 3 de noviembre en Ginebra, Suiza.

Impactado, el organismo envió una serie de recomendaciones en espera de observar futuros avances en la erradicación de estos problemas.

Abordando el tema, diversas organizaciones de sociedad civil, representados por Irving Dávila, Director del Instituto Nicaragüense de Gestión Económica y Social, Inges; Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos; el doctor Leonel Argüello, Director del Centro de Estudios y Promoción Social; y Enrique Picado, representante del Movimiento Comunal, presentaron ayer el documento enviado por el comité en el que, tomando en cuenta las dificultades ocasionadas por la crisis económica mundial, hicieron un llamado al gobierno nicaragüense a que cumpla con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado y ratificado por nuestro mandatario en 1980.

Algunos avances
Si bien consideraron positivo que en la última década se aprobó la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades en este año, al igual que garantizar derechos a las trabajadoras domésticas y la Ley de Protección a Refugiados, también honraron lo antecedido en otros gobiernos por la Ley de Participación Ciudadana en 2003; en 1996 la Ley de Defensa a los Derechos de las Personas que Viven con el VIH-Sida; en 1995 la Ley de Equiparación y de Oportunidades para Personas con Discapacidad; en 1995 la aprobación de la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos; y en 1993 la aprobación de la Procuraduría Especial para la Mujer, y la adopción de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 175, creadora de un Fondo de Reserva para el Pago de Pensiones de Gracia, entre otras leyes que benefician a la población, también subrayaron lo preocupante de saber a través del informe de nación que en Nicaragua un 82 por ciento de la población --o sea 4.2 millones de personas-- actualmente viven por debajo del umbral de la pobreza, y de éstos, 2.1 millones viven en la indigencia.

Lo que está pendiente
Destaca también la falta de atención a las comunidades indígenas en la regiones de Atlántico; e incluyen la diferencia salarial entre hombres y mujeres, la discriminación de género en las esferas políticas, sociales y económicas; el desempleo en el mercado laboral formal, y el incremento de la economía informal; las violaciones a los derechos laborales en la industria de la maquila; la persistencia del acoso sexual a pesar de estar penado por ley; el insuficiente salario básico actual; así como la alta vulnerabilidad alimentaria en las zonas del Atlántico.

Entre otros puntos, están la falta de un sistema de Seguridad Social que es accesible al sector informal; así mismo, que la cobertura social del sector urbano y social es apenas del 26.98 por ciento, y en la zona rural es del 7.4 por ciento. Por otra parte, sólo el 13.85 por ciento de la población tiene derecho a la renta universal de vejez.

Violencia de género
El informe expresa su preocupación por la problemática de la violencia de género, en particular la intrafamiliar; el aumento de asesinatos de mujeres en los últimos años, y la derogación del aborto terapéutico el Código Penal. También lamentan que aún en nuestro país exista el tráfico de mujeres y niñez con fines de explotación sexual.

“El Comité alienta al Estado parte a que aplique un Plan Nacional y programas --inclusive el Plan Nacional de Desarrollo 2008-2012-- e incorpore adecuadamente un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales basado en la igualdad de género, de conformidad con el principio de no discriminación y una partición efectiva de los grupos afectados”, señala el documento.

Gobierno debe recapacitar
Irving Dávila, quien estuvo en Ginebra ante el comité exponiendo la situación de Nicaragua por parte de las organizaciones civiles, dijo que fue lamentable la presentación del representante de nuestro país por parte del gobierno, quien únicamente dio lectura a una serie de datos que no mostraron una real valoración del panorama.

“Lo cierto es que estamos seguros de que todos estos problemas no se resolverán de manera inmediata, sin embargo, depende de este gobierno dar los primeros pasos, y facilitar a futuros gobiernos el trabajo para resolver los problemas poco a poco.

“Lo ideal es que se resolvieran, pero la crisis económica y las acciones gubernamentales que provocó el retiro de una parte importante de la ayuda internacional hará muy difícil esto”, expresó el experto en derecho internacional y director del Inges, quien pidió al gobierno que recapacite.

Recalcó que esto no es una problemática política, sino es cuestión de derechos; por lo tanto, consideró lamentable la falta de impulso del potencial económico de la nación, esencial para buscar la autosostenibilidad y dejar de pedir limosnas a la comunidad internacional.