Luis Galeano
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Los contralores colegiados fallarán hoy el caso de la compra del terreno de más de 26 manzanas en el que se construyó el parque industrial “Jorge Bolaños Abaunza”, en la que se vio involucrado el ex secretario Ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas (CZF) Ramón “Monchito” Lacayo Palma, y que provocó un perjuicio al Estado de más de 11 millones de córdobas.

El colegiado Lino Hernández confirmó que el caso será resuelto hoy, pues el proceso de auditoría ya ha concluido en todas sus etapas y existe una recomendación de los auditores que dan pie a que se falle una resolución.

“El caso que ha estado publicando EL NUEVO DIARIO en los últimos días fue incluido en la agenda y va a ser fallado mañana (hoy), porque todo (la auditoría) ya se realizó”, dijo Hernández.

Indagaciones de END confirmaron la existencia de un “amarre” en 2005 entre Lacayo Palma y Salvador Arnulfo Arana Moncada --el intermediario en la operación--, para que la CZF adquiriera las tierras con un sobreprecio que al final le ocasionó al Estado de Nicaragua un perjuicio económico de más de 11 millones de córdobas.

El precio pactado entre ambos fue de 953 mil 939 dólares, equivalentes de 16 millones 394 mil 211 córdobas, según el tipo de cambio en esa fecha. De acuerdo con la historia registral del bien, el valor de la propiedad donde funciona el parque industrial “Jorge Bolaños” --para la fecha de la transacción-- era de 6 millones 478 mil 198 córdobas.

Lacayo Palma burló a la Contraloría General de la República (CGR) al pedirle una exclusión de procedimiento para la compra del terreno donde se construyó el parque industrial “Jorge Bolaños Abaunza”, cuando ya había desembolsado los 953 mil 939 dólares para adquirir el total de las tierras ubicadas cerca de Ciudad Sandino.


“Hubo dolo”

Hernández indicó las publicaciones de END coinciden con las indagaciones que han hecho los auditores de la Contraloría, y que no hay razón para que no se falle, porque ya todo lo que procedía hacer, ya se cumplió.

El contralor dijo que la situación es “delicada” porque se está hablando de un presunto daño al Estado de más de 11 millones de córdobas, y que a eso se suma el hecho de que, en el proceso, aparentemente se violentaron normas básicas de resguardo a los intereses del Estado y hasta se intentó incluir a la Contraloría para darle apariencia de legalidad a la operación.

“Se observa en este caso que hubo dolo, que se hizo todo para afectar los intereses del Estado en lugar de resguardarlos, y lo que podemos esperar es que se falle con el rigor de ley que amerita el caso”, dijo Hernández.

Ni Ramón Lacayo ni Salvador Arana han brindado una entrevista a EL NUEVO DIARIO para dar su versión sobre las irregularidades detectadas en esta transacción.