María Haydée Brenes
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Un grupo de 21 profesionales costarricenses de larga trayectoria en medio ambiente, que se autonombra “Llamado urgente por el país”, se dará cita este viernes cinco de diciembre en el auditorio de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), para denunciar las políticas agresivas contra el medio ambiente que, según ellos, impulsa el gobierno de Óscar Arias en una conferencia de prensa titulada “Las verdades que no se han dicho sobre Las Crucitas”.

Este grupo de especialistas señala que son evidentes los argumentos y programas falaces del proyecto “Paz con la Naturaleza”, y una gran cantidad de acciones concretas de la Administración del presidente Arias, pues los hechos son elocuentes, como el caso de minería a cielo abierto Las Crucitas.

“Se trata de dejar al descubierto los dobles discursos de nuestros gobernantes en el tema jurídico y socioambiental, y ayudar a formar una opinión pública más informada y proactiva, que no sea fácilmente influenciable por las estrategias gubernamentales de comunicación”, informa el grupo.

Amenaza tres kilómetros
El proyecto minero Las Crucitas, propiedad de la transnacional canadiense Vanessa Ventures, ha encontrado oposición en Costa Rica porque su aprobación permitirá la eliminación de más de 360 hectáreas de bosque, y propiciará la contaminación del río San Juan de Nicaragua, que dista a escasos tres kilómetros.

Nicolás Boeglin, de la Facultad de Derecho de la UCR, señala en el informe adjunto de la invitación a la actividad, que es absolutamente irrealista pensar que un sistema de gavetas, lagunas y/o membranas puedan evitar, en una zona tropical con altos índices de precipitaciones, que se contamine el río San Juan sobre el que Nicaragua ejerce soberanía de manera única, dado el tipo de técnica de delimitación usada en 1858 (límite al margen derecho del río en vez de la línea mediana o thalweg --canal profundo navegable-- que aplica para el Sixaola en el tratado Echandi Montero con Panamá).

“El posible impacto de los lixiviados (cianuro en particular) de la mina en el río San Juan, expondría así a Costa Rica a una posible demanda millonaria de Nicaragua por daños ambientales que afectan la calidad de las aguas del río San Juan. Está en juego también el principio 2 de la Declaración de Río de 1992 (Pcpio 22 de Estocolmo de 1972), que prohíbe a cualquier Estado permitir actividades productivos susceptibles de provocar algún daño al territorio de otro Estado”, expresa Boeglin.