Eloisa Ibarra
  •  |
  •  |
  • END

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, convocó a reunión de Corte Plena hoy para discutir todo lo relacionado con los problemas presupuestarios del Poder Judicial.

La semana pasada Martínez dijo que no había convocado a Corte Plena porque no existían temas a tratar. La última reunión se efectuó hace casi tres meses, y en ella no se terminaron de discutir los puntos de agenda.

Según un asesor de la CSJ, Martínez convocó a reunión a solicitud de dos de sus colegas liberales que están preocupados porque los sindicalistas han insistido en el despido de más de 20 empleados (”fantasmas”), que sólo llegan a retirar el cheque el día de pago.

El secretario general de la Federación de Sindicatos del Poder Judicial, Carlos Tinoco, pidió a los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que revoquen las medidas tomadas en contra de los trabajadores al modificar el horario de trabajo.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una circular, informó del cambio de horario en los juzgados de siete a doce del día, con lo cual la jornada laboral se reduce en tres horas.

Los magistrados aducen que el objetivo de reducir el horario es para hacerle frente a los problemas presupuestarios, derivados de la implementación del Modelo de Gestión de Despacho Judicial.

Sin embargo, Tinoco afirmó que los problemas presupuestarios son el resultado de la contratación excesiva y de los empleados “fantasmas”, que sólo llegan a marcar y que tienen megasalarios, como Agustín Alemán, sobrino del magistrado de la CSJ, Antonio Alemán.

Tinoco afirmó que los magistrados no pueden resolver sus problemas presupuestarios sacrificando a los trabajadores, porque además de que no recibirán el viático para almorzar, tendrán que salir de sus casas muy temprano para estar en sus trabajos.

Indicó que si desean ahorrar, los magistrados deben suspender de inmediato a nivel nacional, la asignación de combustible a funcionarios y a trabajadores que no realizan funciones de notificaciones o gestiones administrativas propias de la institución.

Asimismo, suspender el pago semestral de mantenimiento de vehículos particulares de los trabajadores y funcionarios de C$13,500 para llantas y baterías, y vender la flota vehicular asignada a todos aquellos funcionarios que solo la utilizan para su traslado personal.