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Josefa Rivera Castro, la joven que pasó seis años de su vida creyendo padecer de Sida, tiene pocas esperanzas que se haga justicia en su caso, toda vez que durante la audiencia inicial realizada ayer en el Juzgado Local de Distrito de Audiencias de Jinotega, el titular de la judicatura no sólo admitió la acusación, sino que también admitió una excepción por extinción de la acción penal presentada por la defensa de las acusadas, la enfermera Meyling Castro Úbeda y la psicóloga Martha Zúñiga.

Gustavo Canales, juez Local de Distrito Penal de Audiencias de Jinotega, fijó para el jueves 11 de diciembre a las dos de la tarde, la realización de una nueva audiencia donde se resolverá la prescripción de la acción penal demandada por la defensa de las acusadas.

Divulgaron que tenía Sida
EL NUEVO DIARIO reveló el drama que vivió durante siete años Josefa Rivera Castro, tiempo en que creyó padecer de Sida, luego que personal del hospital de la ciudad de Jinotega la discriminó, la aisló y le hicieron creer que tenía ese mal.

En 2002, Josefa fue discriminada al llegar a dar a luz a su último hijo en el Hospital de Jinotega, donde días después, tanto la enfermera Castro Úbeda como la psicóloga Zúñiga, le informaron un diagnóstico falso asegurando que tenía Sida, y la confinaron en una sala donde estaban pacientes con enfermedades contagiosas.

La noticia sobre el padecimiento de Josefa se propagó en toda la ciudad, donde la joven fue discriminada por la sociedad, al punto de que no podía trabajar, y cuando andaba por las calles implorando ayuda, los vecinos hasta le negaron un vaso con agua.

Una de cal y otra de arena
“Fue admitida la acusación, pero la defensa presionó por la prescripción de la acción penal”, explicó el abogado de la víctima, doctor Víctor Herrera, para quien el problema radica en la acusación que presentó el Ministerio Público, en la que no especificó cuándo ocurrieron las lesiones sicológicas.

Pero el mayor problema, según el abogado Herrera, es que el juez rechazó la solicitud de Castro Rivera de mandar a citar a los peritos del Instituto de Medicina Legal que dictaminaron las lesiones sicológicas, para que confirmaran desde cuándo se comenzaron a manifestar las lesiones en la víctima.

La defensa argumenta que la acusación presentada por el Ministerio Público sólo hace referencia a que la acción de las acusadas comenzó en 2002. “Como no se puede establecer o medir cuándo se producen esas lesiones, no sabemos si se produjeron ayer o antes, o sea que es impredecible determinarlo”, por lo tanto, no se puede hacer en perjuicio del acusado, y cabe la razón que dice que toda duda debe ser interpretada en beneficio del reo, aseguró el defensor público Ramón Blandón.

El abogado Herrera lamentó la decisión del judicial de rechazar a los peritos que examinaron a la víctima, “el juez no quiso admitir esas pruebas, favoreciendo a la contraparte”, afirmó.

“Así como van las cosas, si toman como punto de partida la fecha del dictamen, probablemente declaren ha lugar la excepción, y sobresean definitivamente a los acusados sin haber escuchado las pruebas de la parte acusadora”, dijo el abogado de Josefa Rivera Castro.

Cuestionan a Ministerio Público
Pero, además, Herrera cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público, que tipifica el hecho como “lesiones leves de manera culposa”, como si se tratara de un accidente de tránsito, “cuando las lesiones sicológicas son graves y dolosas”, dijo el abogado.

Lo peor del caso, según el abogado Herrera, es que la Fiscal no ha querido intercambiar información con el abogado particular de la víctima, y “no se opusieron en nada a las solicitudes de la defensa de las dos acusadas, parece que de parte de la Fiscalía no hay intención seria de llevar a la justicia a esta gente”, señaló.