Rafael Lara
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien criticó que no se cumplió con los requisitos humanitarios y de repatriación de cadáveres en el caso del compatriota Rafael Antonio Pérez Sánchez, fallecido en Costa Rica, eximió de responsabilidad a las autoridades costarricenses, ya que el traslado fue un acuerdo entre la empresa empleadora de Pérez y sus familiares.

Según Iury Orozco Rocha, directora general de la Dirección Consular de la Cancillería de Nicaragua, desde el momento en que se conoció que en una empresa constructora falleció el compatriota Pérez Sánchez, nuestro embajador Harold Rivas se movilizó hacia el lugar de los hechos para corroborar la situación.

De inmediato se comunicó con la Ministra de Salud de Costa Rica planteándole la situación, ya que el nicaragüense murió en circunstancias de salud poco claras. Por tanto se realizó la autopsia y aunque los médicos sospecharon que fue una intoxicación alimentaria, no determinaron causa y prefirieron enviar muestras a un laboratorio de Estados Unidos. Luego el cadáver fue retirado de la morgue por representantes de la empresa donde laboró Pérez Sánchez.


Empleadores no cumplieron con acuerdo
“Si bien es cierto que no se respetaron las medidas de traslado del cadáver y su repatriación, se obvió a nuestra representación consular sobre lo sucedido, pero por un acuerdo entre los familiares y la empresa constructora en que trabajaba el occiso, estos últimos quedaron en suplir los gastos de traslado y la caja, pero incumplieron. Así, el cuerpo fue trasladado a Peñas Blancas, pero en una bolsa plástica”, explicó la directora consular.

Señaló que supieron que el acuerdo entre la empresa y los familiares era llevarlo en su ataúd hasta Peñas Blancas y entregarlo a los familiares, pero cuando los representantes de la empresa no los vieron, abandonaron el cuerpo.

“Cuando se dio esta situación, las autoridades del Minsa se personaron en el lugar, exigiendo que en tanto no se cumplieran los requisitos de salubridad de traslado del cadáver en ataúd, a éste no le permitirían el ingreso. Así fue que gente de la Alcaldía de Cárdenas y su comunidad se solidarizaron con la familia, garantizaron un ataúd, lo llevaron a Peñas Blancas, colocaron el cadáver y aportaron para su traslado a Managua”, dijo.

La funcionaria de Cancillería comentó que a muchas personas que trataban de pasar a Nicaragua, el Minsa les practicó una quimioprofilaxis una práctica de salubridad en virtud de desconocer la causa de la muerte.

Mientras tanto, nuestra representación consular está dándole seguimiento al caso y se reunió con la Ministra de Salud del vecino país y con los investigadores. El cadáver fue ingresado al Instituto de Medicina Forense, pero como ya fue preparado y separado de sus órganos vitales en Costa Rica, resultó imposible hacer un estudio para determinar las causas de muerte.

“Estamos pendientes de las investigaciones, se exigió que a la brevedad las autoridades costarricenses se pronuncien al respecto, y a solicitud nuestra, en el vecino país se tomaron medidas contra la empresa, sancionándola por diez días para que corrija las condiciones inhóspitas en que trabajan nuestros compatriotas”, asegura Orozco.


Trato inhumano
Por su parte, Melisa Miranda, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, criticó la falta de trato humanitario con el cadáver de Pérez Sánchez.

Indicó que, por lo que conoció el Cenidh, se violentaron los procedimientos y las leyes sanitarias. En el caso de una muerte sin determinar, trasladaron un cadáver en bolsa poniendo en riesgo, no sólo a la población de Costa Rica, sino a la nicaragüense.

“A pesar de todo, las autoridades costarricenses debieron exigir el traslado del cuerpo en condiciones de seguridad sanitaria. De la misma manera que se hace en otras circunstancias”, expresó la abogada, recordando las férreas medidas que se toman para el ingreso o traslado de animales y alimentos.

Consideró que nuestra representación consular aparentemente mostró mucha diligencia en el caso, pero aún faltó mayor coordinación con los familiares y las autoridades costarricenses en este caso.