Jorge Eduardo Arellano
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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, criticó la decisión de la defensora pública de Rivas, Jackeline Laguna, de solicitar la readecuación de la pena a favor de un hombre que violo y mató a una niña de tres años.

Laguna solicitó ante el Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Melvin Vargas, que readecuara la pena impuesta a Evert Víctor Ocón, por el delito de infanticidio que cometió en contra de la niña Christian del Socorro Solano Jiménez.

Centeno calificó de aberrante y vergonzoso que una defensora pública salga pidiendo la reducción de la pena en un caso como ese, porque en vez de ser defensora de los derechos de los niños, defiende al agresor.

Recordó que muchas veces se les ha hecho ver a los defensores públicos que no deben defender a narcotraficantes, violadores y abusadores de niños y de mujeres, porque la CSJ asigna parte del 4 por ciento de su presupuesto para que la Defensoría cumpla un rol en defensa de reos pobres que cometen otro tipo de delitos.

“Ellas (defensoras) saben bien, es una barbaridad”, indicó Centeno, tras revelar que la semana pasada conoció otro caso similar en Carazo, donde otra defensora abogaba por un violador de otro menor de edad.

Tratamos de conocer la opinión de la Directora de la Defensoría Pública, Marielos Mendoza, pero en su oficina informaron que se encontraba enferma y tampoco respondió a nuestros llamados a su celular.

Según la acusación que la Fiscalía presentó en su momento contra Víctor Ocón “Tito Virolo”, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre, cerca de un río, donde el acusado, antes de matar a la niña a golpes, la violó.

La juez de Rivas, Ivette Toruño Blanco, le impuso pena de 30 años de prisión por ambos delitos, pero posteriormente el Tribunal de Apelaciones le modificó la pena a 15 años.

La defensora pública basó su petición de readecuación en el artículo 567 del nuevo Código Penal, que establece que “los acusados o sentenciados por el delito de infanticidio establecido en el artículo 136 del Código derogado, deberán ser juzgados por el delito de homicidio agravado y en los casos de condena por este delito, ésta deberá ser revisada conforme a esta disposición”.

El juez se declaró incompetente para conocer del caso, y señaló que la petición de la Defensoría Pública se debe promover en la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, la Defensora Pública reveló que llevará el caso a los magistrados de la Sala Penal de la CSJ.