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El administrador de los juzgados de Rivas, Manuel Arévalo, quizá sin imaginarse a diario expone su propia vida y la de su familia, al andar desde hace varios días en una camioneta Mitsubishi, roja, doble cabina, placas M-056-493, que le fue ocupada a un jefe narcotraficante que el pasado siete de mayo fue condenado juntos a otras cuatro personas, a trece años de presido, por lo que para muchos andar en esa camioneta es un peligro.
Durante dos semanas EL NUEVO DIARIO trató de concertar una entrevista con Arévalo, pero éste siempre se negó a recibirnos, argumentado que se encontraba ocupado, ya que eso es lo que manda a decir con los vigilantes de la administración de los juzgados rivenses.
Por eso se desconoce si él tiene temor o no de andar dicha camioneta, quién se la asignó y si también la puede usar los fines de semana, aunque de acuerdo con la Ley 285, Ley de Drogas, dicho vehículo debería estar en depósito, ya que el proceso aún no ha terminado, porque los abogados de los condenados apelaron la sentencia.
La camioneta que hoy está en poder de Arévalo fue ocupada por la Policía Nacional a José Román Almanza Salinas, a quien también señalan de ser el líder de la banda que cayó este año entre la noche del cuatro de enero y la madrugada del siguiente día, en un operativo que realizaron la Policía y el Ejército en dos puntos de San Juan del Sur, lo que permitió la incautación de un mil 512 paquetes de cocaína, cuyo peso total fue de un millón 648 mil 727.2 gramos
Ese día, junto a Almanza Salinas, también se arrestó a su hermano, José Román, y a los hermanos Elvis Lenín López Flores y Jorge Isaac Orozco Flores, de 25 y 20 años, respectivamente. Así también a Manuel de Jesús López y Miguel Ángel Barahona, quienes fueron acusados de transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, del cual fueron encontrados culpables por la juez del Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño Blanco, quien les recetó los trece años, excepto a Barahona, que sólo recibió una pena de cuatro años.
El día de la condena, la judicial ordenó el decomisó de los tres vehículos donde se trasportaban los seis supuesto narcos, destacándose la camioneta Mitsubishi, de Almanza Salinas.
Según la Ley 285, una vez que existe una sentencia firme se procede a subasta pública con los objetos procedentes de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, y el producto de la subasta se distribuye en partes iguales (20%) entre La Policía Nacional, Consejo Nacional Antidrogas, ONG que realizan programas contra el consumo de drogas, Sistema Penitenciario y el Ministerio de Salud, y por ningún lado de la Ley se menciona a la Corte Suprema de Justicia como beneficiaria de artículos o vehículos ocupados a narcos.
En tanto, el artículo 82 de dicha Ley, señala que todo bien inmueble usado en la comisión de delitos droga, será objeto de retención de la Policía, y dice que se deben “poner los bienes y personas a la orden de la Policía Nacional”.
La misma Ley indica que la juez que conoce la causa podrá dictar el embargo preventivo o cualquier otra medida cautelar, y nombrar a un depositario de los bienes, que para estos casos sería una persona consultada con el Consejo Nacional Antidrogas, por lo que de acuerdo con la Ley, la Mitsubishi de Almanza Salinas, debería de estar en manos de un depositario, y, más aún, porque el caso esta en apelación y el fallo lo esperan los seis procesados en la Cárcel Modelo de Tipitapa.