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Herederos de una valiosa propiedad en carretera a Masaya acusaron al Ejército de Nicaragua y al gobierno de la República de coludirse para finalmente apropiarse y negociar una valiosa finca adquirida con fondos familiares en 1970, y que nunca fue expropiada, confiscada o afectada por la Reforma Agraria.

Los hermanos Danilo, Cristian, Alina, David y Patricia, todos Argüello Dávila, publicaron un campo pagado en EL NUEVO DIARIO donde señalan al Ejército de Nicaragua y a la Intendencia de la Propiedad de maniobrar para finalmente beneficiar a los militares con este despojo descarado.

Danilo Argüello Dávila, hijo de doña Carmen Dávila de Argüello, narró que su madre adquirió la propiedad de tres manzanas de tierra en 1970, ubicada a orillas de la entonces rural carretera a Masaya, en el lejano kilómetro 11. “Se compró con fondos familiares, propios, para repartir la herencia entre los cinco hermanos”, dijo Danilo.

Vino la insurrección de 1979, que llevó a las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder, y enfrente de la propiedad de los Argüello había un residencial exclusivo que pasó a ser ocupado por el entonces general del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega Saavedra, y otros altos militares.

Manu militari
Bajo el argumento de que toda la zona debía ser vigilada para garantizar la seguridad del general, el Ejército ocupó en 1984 la propiedad donde la familia había construido unas bodegas para guardar fertilizantes y productos químicos de agricultura.

“Ellos entraron manu militari, instalaron alambres, hicieron zanjas y se metieron al terreno. Nos dieron un día para sacar nuestro producto y luego en las bodegas hicieron unas covachas y ahí estuvieron hasta 1990”, cuenta el heredero de la señora Dávila de Argüello.

En abril de 1990, días después de la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la propiedad, sin haber sido confiscada nunca, ni haber sido afectada por la Reforma Agraria, fue otorgada por el Estado al Ejército Popular Sandinista (EPS), por medio del doctor Alejandro Aguilar Robleto, como delegado de la Procuraduría General de Justicia, invocando de manera ilegal y delictiva la famosa Ley 85.

Un año después, en mayo de 1991, Álvaro Baltodano Cantarero, en nombre y representación del EPS, en su calidad de apoderado general de administración, donó de manera “pura, simple e irrevocable”, la propiedad 55,496, de tres manzanas de superficie, a los señores Douglas Antonio Martínez Martínez y a Juan Gregorio Alvarado, militares en servicio activo en la fecha, según los términos de la insólita escritura.

“Donación devaluada”
En la escritura de donación, aceptada por los dos beneficiarios, se lee que la propiedad está valorada en 4,500 córdobas de la época, aun cuando su compradora, doña Carmen, pagó por ella en 1970 la cantidad de 56 mil córdobas.

A partir de la fecha, afectada por la toma de su propiedad, la dueña legítima empezó una larga gestión institucional en busca de recuperar su tierra, hasta que en 1998 la Procuraduría General de Justicia, representada por la doctora Darling López Guido, demandó por la vía civil al Ejército la restitución de la propiedad.

El pleito se extendió en el tiempo sin solución definitiva para los dueños que pedían la restitución del bien, ni para el Ejército, que solicitaba una solvencia de la propiedad a la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), que nunca emitió tal documento por falta de méritos.

En el juicio el Ejército, por medio de sus abogados, buscaba una solicitud de solvencia de propiedad sobre la finca, misma que le había sido negada varias veces, incluyendo las denegaciones del viceministro de Finanzas para Asuntos de Propiedad, Guillermo Argüello Poessy.

Y regresó Ortega al poder...
En ese tiempo, denuncia Danilo Argüello Dávila, el Ejército nunca pudo obtener la solvencia porque en el juicio civil era el Estado mismo, por medio de la Procuraduría, quien le demandaba la devolución de la propiedad, en virtud de una demanda de cancelación con acción de nulidad de instrumentos públicos y cancelación de los asientos registrales.

“Teníamos esperanzas de recuperar las tierras de mi madre”, relata el heredero de doña Carmen.

Todo ello cambió en 2007 con el regreso del presidente Daniel Ortega al poder. El 30 de marzo de 2007, la Intendencia de la Propiedad otorgó la solvencia de disposición al Ejército de Nicaragua sobre la propiedad peleada, cuyo monto al día de hoy se cotiza en cerca de un millón y medio de dólares o más, de acuerdo a cálculos de la familia, que valora en 50 dólares, como mínimo, la vara cuadrada de tierra en ese sector.

En esa misma fecha de marzo 30 se otorgó una solvencia de revisión al Ejército de Nicaragua, donde se hace constar que esta institución es beneficiaria de la Ley 85, Ley de Transmisión de la Propiedad de Viviendas y otros inmuebles pertenecientes al Estado y sus Instituciones, publicada en La Gaceta en marzo de 1990.

Ahí se dice que se dejan a salvo los derechos de terceros adquirentes, así como el derecho del beneficiario establecido en la Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria de 1997.

Maquinaria castrense
Ambos documentos fueron firmados y sellados por Mireya Molina Torres, entonces Intendente de la Propiedad, pasando por encima de la ley y los valores más éticos sobre los bienes ajenos.

“Lo que los militares no lograron en 16 años de juicio civil, lo ganaron en dos meses de ascenso al poder del presidente Daniel Ortega”, comenta con ironía Danilo Argüello, mostrando las copias de los libros de derechos reales del Registro de la Propiedad, donde se ve cómo en las columnas de inscripciones donde habían dos escritos, ahora hay cinco, y el último da la propiedad a una desconocida sociedad inmobiliaria.

Con el respaldo de la Intendencia de la Propiedad al Ejército de Nicaragua, en el libro se inscribió el 12 de abril de 2007 la propiedad a nombre del cuerpo militar nicaragüense, por medio de Noel Nicolás Portocarrero Argüello, militar activo y apoderado legal de la institución castrense.

En junio del año pasado, la escritura donde el Ejército Popular Sandinista dona “de manera pura, simple e irrevocable” la tierra a los militares Martínez Martínez y Alvarado en 1991, finalmente es inscrita tras 16 años de batalla jurídica.

“Traspaso” increíble
En virtud de donación efectuada por el Ejército, los señores beneficiarios de la tierra en disputa, Douglas Antonio Martínez Martínez y Juan Gregorio Alvarado, “traspasaron” la tierra a la sociedad Mercados Inmobiliarios Sociedad Anónima, de conformidad con escritura pública 138, autorizada el 30 de abril de 2008 por la notario Indiana Halleslevens Romano, e inscrita el día 19 de mayo de 2008, bajo número 55,496, tomo 2575, folio 51, asiento 60, sección de derechos reales.

La sociedad Mercados Inmobiliarios Sociedad Anónima fue constituida por la misma notaria en la escritura pública número 194, del 24 de marzo de 2008, donde se determina que los socios son Carlos José Moreno González, Erlinda del Rosario Herrera Nájera y Víctor Manuel Sánchez Blandón.

EL NUEVO DIARIO buscó una respuesta en la Procuraduría General de la República, superior de la Intendencia de la Propiedad, sobre los motivos para entregar la propiedad al Ejército tras 16 años de negaciones, pero no hubo contestación oficial. Del mismo modo se contactó en su vivienda al señor Alvarado para preguntarle sobre el caso, pero ahí respondieron que no estaba y no sabían cuándo volvería. Los miembros de la sociedad no pudieron ser contactados.

General Omar Halleslevens:
“Tierras se dieron en compromiso de los acuerdos de paz”
El Ejército de Nicaragua está al tanto del problema. Así lo confirmó el comandante en jefe del cuerpo castrense, general Moisés Omar Halleslevens, quien accedió a una entrevista con EL NUEVO DIARIO tras conocer el campo pagado donde la familia Argüello reclama la propiedad.

“Efectivamente, a raíz del campo solicitado de la familia Argüello, aparecido en EL NUEVO DIARIO, nosotros hemos profundizado en esta temática, y ésta es una situación que se viene trayendo desde 1990, cuando la propiedad estaba en poder, en aquella época, del entonces Ejército Popular Sandinista, y en el marco de las políticas de desmovilización que se establecieron en el 90 y el 91, fue donada a una pareja de oficiales, un teniente primero de apellido Martínez y un teniente de apellido Alvarado”, explicó Hallesleven.

“Esto después dio cabida a todo un proceso que se llevó a cabo, en el cual debo decirte que hubo un par de juicios, en los cuales la autoridad competente dio el fallo favorable a la institución y a los oficiales, y posteriormente también se sometió la propiedad a todos los vericuetos de la OOT en un proceso bien largo, y al final la OOT dio la solvencia”, dijo el general.

“Pasó a mano de los oficiales, debo decir que esto ha estado en posesión de los oficiales desde los años 90, una vez que se les entregó la propiedad como parte de las políticas de desmovilización que se implementaron al fin de la guerra, en los famosos PL1, PL2 y PL3 (PL, siglas de los Planes de Licenciamiento de Militares Activos a la Vida Civil, impulsados por el gobierno de Nicaragua en la transición del proceso de paz de 1990)”.

Antiguos problemas de propiedad
“Más de 12 mil oficiales se retiraron, y una cantidad de bienes, que estaba en poder del Ejército, otros que dio la Corporación Nacional del Sector Público, otros que dio el gobierno de entonces, fueron entregados a diversos oficiales dentro de los planes de licenciamiento”, relata Halleslevens, quien afirma que la sociedad beneficiaria de las tierras dadas a los ex oficiales no pertenece a las empresas asociadas al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

“Estos oficiales retirados, entiendo yo, en abril de este año, la han vendido, cedido o donado, ellos la han tenido en posesión todo este período, al final creo que la han vendido, donado, regalado, no sé, eso ya es problemas de ellos, el Ejército los acompañó como donante por el compromiso de cumplimiento de los acuerdos de paz, y ahora que se dictó la solvencia ya no es problema del Ejército, el caso está fuera del ámbito del Ejército”, manifestó.

“Ésta es una situación que se viene acarreando desde 1990 y afectó a muchos oficiales, más de 12 mil, algunos vendieron sus propiedades, otros las perdieron en juicio, otros pelearon las propiedades, como en este caso, donde ellos tuvieron la posesión hasta el final, ese es el proceso que han tenido, y si ellos aparecen ahora dando a otros la propiedad, eso es arreglo de ellos, ya no nos compete, eso está lejos de la institución”, expresó.