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(Publicado en Confidencial)
Después de tres meses de acoso legal, la Fiscalía General de la República sigue sin explicar bajo qué supuestos delitos inició un proceso de investigación en contra del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), por haber suscrito un convenio de cooperación con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), financiado por el Fondo Común para la Gobernabilidad que integran al menos ocho países cooperantes, administrado por Oxfam.

Desde que la titular de Gobernación, Ana Isabel Morales, “ordenó” la investigación a inicios de septiembre, la Fiscalía divaga en una serie de delitos que van desde el lavado de dinero, actividad vinculada a actividades de narcotráfico, hasta señalar a estos organismos de cometer “actividades ilícitas”, sin embargo, no ha presentado pruebas o acusaciones de algún delito. En consecuencia, los directivos de Cinco están demandando a la Fiscalía “que regrese a la ONG los 15 mil folios de documentos contables, los documentos privados, y los cinco CPU de las computadoras que de forma abusiva requisaron durante el allanamiento del 11 de octubre”.

En vista de que no existen pruebas de que Cinco haya cometido algún delito penal, los directivos de esta ONG acusaron al gobierno de pretender fabricar “delitos políticos” en su contra, algo que no existe en nuestra legislación.

“Los proyectos que ejecuta Cinco con fondos de la cooperación internacional son enteramente transparentes, y están sujetos a auditoría por parte de los donantes; la Fiscalía no puede sustituir a los donantes en esta función de auditoría o revisión, pues entonces eso quiere decir que están interviniendo organizaciones privadas para realizar acciones de espionaje político”, declaró Carlos F. Chamorro, Presidente de Cinco.

Abogado refuta a magistrado Solís
Sin embargo, el magistrado Rafael Solís, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), defiende la actuación de la Fiscalía, y señala que no era necesario especificar bajo la comisión de qué supuestos delitos procedió a allanar las oficinas de Cinco el pasado 11 de octubre.

“Esa tesis de que necesitaban ser acusados de un delito para poder exhibir sus libros es un invento de Boanerges (Ojeda, abogado defensor de Cinco), que no está por ningún lado del Código”, declaró Solís a Confidencial.

Pero el doctor Ojeda alega que hay una diferencia entre “acusación” e “investigación”, que es el término con el que se ha manejado la actuación de la Fiscalía.

“Pienso que el doctor Solís o está mal informado o no conoce bien el caso, porque creo que ha manejado mal los términos acusación y denuncia”, sostiene Ojeda.

En efecto, una acusación debe ser radicada primero en un juzgado, y en el caso de Cinco se trata de una denuncia de la que es la fecha se desconoce qué es lo que motiva todas las actuaciones de la Fiscalía.

Ojeda cita el artículo 95, numeral dos, del Código de Procedimiento Penal (CPP), que señala que el compareciente tiene derecho a conocer de forma “clara, precisa, específica, circunstanciada acerca de los hechos que se le imputan”.

De igual forma, el artículo 34 de la Constitución Política establece que cuando te citan ante una autoridad, “tienen la obligación de decirte por qué te están llamando”.

Pero la Fiscalía primero dijo que había una denuncia, después que actuaba de oficio, en fin, “no se supo exactamente qué es lo que había”.

No puede hacer investigación autónoma
Otro hecho que destaca Ojeda es la actuación autónoma de la Fiscalía, que orquestó desde un inicio todo el proceso, pues aclara que la ley dice que si bien puede recibir la denuncia, también debe mandarla a la Policía Nacional para que ésta investigue.

“No es la Fiscalía la que investiga, lo que hace es dirigir, participar en la investigación, orientándola de forma legal y técnica, pero no es que la hace, sino que es la Policía. Es decir, no son dos órganos de investigación que actúan por separado, sino que actúan en conjunto, de manera coordinada, y en este caso la Policía fue totalmente marginada del proceso”, señala Ojeda.

Una vez que la Policía finaliza su informe, lo remite a la Fiscalía, para que ésta en el término de un mes determine si hay o no un caso, como lo establece el artículo 225 del CPP. “Ese es el único momento en que la Fiscalía actúa sola. Antes es la Fiscalía con la Policía”, sostiene Ojeda.

Tres meses han pasado ya y la Fiscalía aún no se pronuncia sobre si desestima o no el caso, aunque desde un inicio el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, declaró que el mismo nunca debió salir del ámbito administrativo del Migob.

La posición de Cinco
Para el magistrado Solís, el periodista Carlos Fernando Chamorro, Presidente de Cinco y director de esta publicación, “politizó” el caso cuando objetó presentar los libros contables cuando, según él, los demás organismos lo hicieron sin ningún problema.

El doctor Ojeda aclara que en ese momento sólo Cinco y el MAM habían sido requeridos para presentar sus libros, por lo cual se le planteó a la Fiscalía que “no tenemos objeciones de cumplir con la ley, pero queremos que se haga conforme la ley”, que implica ponerlos en conocimiento --conforme el artículo 95 del CPP-- “qué hechos se están investigando y quién denuncia”.

Pero contrario a aclarar los delitos imputados, la Fiscalía solicitó con mucha anticipación la orden de allanamiento ante la juez Segundo de Distrito de Audiencia de lo Penal, María Concepción Ugarte.

“No es cierto que ellos hacen el allanamiento porque no se les presentan los libros. Ya había una voluntad de hacer el allanamiento, porque tres días antes de la última citación para presentar los libros, ya ellos habían solicitado la orden”, señala Ojeda.

Prueba de ello es que el viernes diez de octubre, mientras él presentaba la contestación de requerimiento a las cuatro de la tarde, tan sólo media hora después el fiscal Douglas se presentó ante las instalaciones de Cinco a efectuar el allanamiento.

Anómalo levantamiento de sigilo
Ojeda también señala que desde el nueve de septiembre, día en que Carlos Fernando Chamorro fue citado ante el Ministerio Público para un supuesto trámite “administrativo”, la Fiscalía había solicitado el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas de Cinco y Oxfam Gran Bretaña.

Según los medios de comunicación que revelaron la noticia, el levantamiento del sigilo bancario fue solicitado por la fiscal adjunta, pero según el artículo 211 del CPP, sólo puede solicitarlo el Fiscal General de la República, o el Director General de la Policía. Esto hace ilegal la orden de levantamiento del sigilo bancario y posiblemente se cometió delito de usurpación de funciones.

Recursos de amparo y emplazan al Fiscal
Desde el pasado 21 de octubre, Cinco presentó una carta pública al fiscal Julio Centeno Gómez, para que se pronunciara sobre los hechos acontecidos y desestimara la investigación, por cuanto él mismo declaró, no debió haber pasado del plano administrativo. Pero Centeno prefirió guardar silencio.

El seis de noviembre Cinco introdujo un recurso de amparo en contra de la actuación de la juez Ugarte, que incluye la orden del levantamiento del sigilo bancario y el allanamiento a Cinco.

“En el caso del sigilo bancario, porque no se hizo el trámite legal porque la Fiscal Adjunta (Ana Julia Guido), que es la que lo solicita, no tiene facultades para solicitarlo.

En el auto no se evidencia que haya habido delegación del Fiscal General de la República a ella, entonces la orden es ilegal”, explica Ojeda.

En tanto, la orden de allanamiento no se ejecutó conforme el artículo 220 del CPP, que habla de no ocupar bienes que no son objeto de la orden judicial, los documentos contables de Cinco, pero el fiscal Douglas Vargas cargó con unos 15 mil folios y hasta computadoras del personal.

El recurso quedó radicado en la sala que integran los magistrados Gerardo Rodríguez, Perla Arróliga y Vida Benavente.

El 19 de noviembre se introdujo un segundo recurso en contra de las actuaciones de la Fiscalía, donde se cuestiona su facultad para realizar una investigación autónoma, las violaciones a los derechos de los imputados al no darles a conocer por qué delitos los está investigando, así como el abuso de autoridad en la ejecución del allanamiento.El recurso fue admitido en la sala que integran los magistrados Lolo Barquero, Denis Maltez y Rafaela Urroz, pero no otorgaron la suspensión del acto.