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RIVAS

Un tribunal de jurado de Rivas, conformado por cuatro damas y un varón, sorprendió al Ministerio Público y a la Policía Nacional, la noche de este nueve de diciembre, al dar su veredicto de no culpabilidad a la banda de sicarios capturada el 18 de septiembre en tres operativos que realizó la institución policial.

Como se recordará, altos mandos policiales manifestaron durante la captura, que habían evitado una tragedia en Rivas, porque los once sicarios capturados tenían la misión de asesinar a seis rivenses, catalogados como “tumbadores” de droga, y a quienes culpaban del robo de un cargamento de droga de un cartel mexicano, y por eso, en represalia, ordenaron que “les pasaran la cuenta”.

Tras la captura, el Ministerio Público acusó a los once implicados como coautores de los delitos del crimen organizado en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, y de conspiración de asesinato en contra de los rivenses Franklin Heriberto Torres y su hijo del mismo nombre; Hugo Obando Víctor y Dolores Ramírez Espinoza. En tanto, una parte fue también acusada por los delitos de tenencia ilegal de armas de uso restringido, tenencia ilegal de municiones y daños.


La sorpresa
En este concurso de delitos, los miembros del jurado se encargaron de impartir “justicia”, por los delitos de conspiración de asesinato cuya pena es de diez años, y también por el delito de tenencia ilegal de armas de uso restringido, cuya pena en este caso oscila entre cuatro y ocho años. La sorpresa que dieron fue pregonar veredictos de no culpabilidad en ambos casos. El veredicto que cayó como balde de agua fría a representantes del Ministerio Público y la Policía se dio a conocer a las 10:40 de la noche.

Lo extraño de este veredicto es que el día de las capturas la Policía encontró en una camioneta doble cabina, placas M 085804, que era conducida por Erick Urbina López, cuatro fusiles AK, una pistola nueve milímetros, cinco chalecos, diez pasamontañas, una caja de miguelitos, cinta adhesiva y una caja de proyectiles calibre 380. En dicha camioneta también viajaban los hondureños Ángel Sánchez, de 36 años; Marcos José Borge Botiño, de 27; Abelio Morales Dávila, de 34, y Santos Enrique Moreira, y por eso se les acusó por tenencia ilegal de armas de uso restringido, pero al parecer los miembros del jurado no vieron las AK.

Los otros seis acusados de pertenecer a la banda de sicarios fueron el mexicano Miguel Ángel Hernández, y los nicaragüenses Ricardo Parrales, Víctor Uriel Miranda y Juan José Pérez González, y la lista la completaron los hondureños Marlon Benjamín Borjas Montiño, de 26 años, y José Santos Benítez. El mexicano fue detenido en Ochomogo y el resto en Tipitapa, excepto Benítez, a quien detuvieron en Masaya.


Juez evitó impunidad
“El pegón” de los acusados y de los cuatro abogados defensores fue la juez Ivett Toruño Blanco, ya que la judicial sí vio las pruebas para dar veredictos de culpabilidad en contra de los acusados por los delitos que le tocó a ella juzgar: el de coautores del crimen organizado y tenencia ilegal de municiones en el caso de los nicas detenidos en Tipitapa, y de los hondureño capturados en Masaya y Tipitapa, y del mexicano, y también encontró culpable a Urbina por el delito de daños.

Estos delitos representan penas inferiores a las que se imponen a los que son declarados culpables por los delitos que analizaron los miembros del jurado, por lo que de manera general, la banda de sicarios salió ganando.


Fiscal cuestiona actuar de jurado
El actuar de los miembros del jurado, de acuerdo con la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, vuelve a poner en escena la preocupación de los legisladores y del sistema judicial de nuestro país, ya que señala que se debe hacer reformas penales para evitar que miembros de un jurado se encarguen de impartir justicia en casos vinculados con el crimen organizado o con temas relacionados con el narcotráfico o la trata de personas.

A criterio de la fiscal, estos casos deben ser juzgados por un juez técnico, ya que considera a los integrantes de un tribunal de jurado vulnerables ante estas situaciones. A la vez, señaló que en contextos como el actual, los jurados no están preparados para administrar justicia.


Fiscalía pide pena máxima
Por otro lado, el representante del Ministerio Público solicitó ante la juez Toruño Blanco, que sentenciara con la pena máxima a los encontrados culpables por los delitos de crimen organizado, daños y tenencia y uso ilegal de municiones.