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Siguen las malas noticias. Los organismos vinculados a la seguridad alimentaria, a nivel local, estiman que en 2009 la desnutrición crónica podría alcanzar en Nicaragua el 30 por ciento si continúan los despidos masivos en Estados Unidos, como consecuencia de la crisis económica mundial.

Así lo advierte, por ejemplo, el coordinador oficial nacional del Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria Nutricional (Gissan), Eduardo Vallecillo, en el contexto del 60 aniversario de los Derechos Humanos.

El funcionario dice que los despidos implicarán una reducción en el envío de remesas, que actualmente reciben buena parte de nicas.

Vallecillo explica que la desnutrición crónica al 2008, mantuvo un rango de afectación del 27 por ciento. “Pero si bajan las remesas que recibe principalmente la gente del campo, la desnutrición aumentará un 3 por ciento. Es decir, se recuperará el rango de años atrás”, advierte, sin especificar cifras absolutas.

A criterio del experto, los pobres que no reciben remesas no se verán más afectados. “Pues ellos están en crisis desde hace cuatro años, o sea, el 73 por ciento de nicas que vive con menos de dos dólares al día, seguirá con menos de dos dólares al día en 2009, al igual que el 44 por ciento de la población rural que subsiste con 60 centavos de dólares del día. Eso se va a mantener y se sumará a la pobreza, a la inseguridad alimentaria, la gente que recibe remesas”, argumenta.

De acuerdo con cifras oficiales, el país recibió 618.5 millones de dólares en concepto de remesas familiares de enero a septiembre de 2008, lo que representa un crecimiento del 15.3 por ciento respecto al mismo período de 2007. Sin embargo, a inicios de año el crecimiento proyectado era del 25 por ciento, según economistas independientes.


Confían en Hambre Cero
¿Las salidas? Varias, a juicio de Vallecillo. El especialista indica que una manera de contrarrestar lo que viene en términos alimentarios, es el programa Hambre Cero. “Este proyecto está llegando a gente pobre que nunca fue atendida en los últimos 16 años. A pesar de todas las circunstancias, creemos que Hambre Cero está llevando recursos a personas que han estado padeciendo hambre, el programa es bueno”, admite.

Entonces, “creemos que fortalecer la economía familiar campesina, con iniciativas del gobierno como Hambre Cero, que ha implicado un desembolso de 38 millones de dólares sólo este año, ayudará mucho (a reducir el hambre)”, agrega.

Otra salida es la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria. Con esa ley, de acuerdo con Vallecillo, se estará creando en cada municipio una comisión de seguridad alimentaria que será nutrida con el 10 por ciento del presupuesto municipal. “En ese sentido, se tendrá una mejor posición para enfrentar el hambre, por eso exigimos a los legisladores que se pongan de acuerdo en el tema y aprueben la ley, porque el hambre no tiene color político”, subraya.

Gissan, entretanto, continuará con sus espacios de reflexión en torno al tema y tratando de incidir en las políticas públicas mediante un “diálogo” abierto con entes como el Ejecutivo. “Pues hay municipios como Dipilto, San José de los Remates y San Lucas, entre otros, que han registrado un 60 por ciento de desnutrición, cuando se supone que producen alimentos, y eso preocupa”, apunta.