Lizbeth García
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El juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, le ordenó a la juez Segundo Penal de Audiencias, María Concepción Ugarte, que entregue la camioneta negra Nissan Frontier que andaba, la que le fue ocupada a cuatro supuestos narcotraficantes en agosto de este año.

La camioneta placas M101-110 fue ocupada por la Policía en una casa de Los Arcos, en Managua, donde las autoridades arrestaron a Diómedes de Jesús Rodríguez Urroz y le ocuparon 40 kilos de cocaína.

Rodríguez Urroz se declaró culpable del delito de almacenamiento ayer, exonerando así de responsabilidad a Carlos Alberto Vargas, Karen Esmelda Ávalos y Alcides Alfonso Izabá Urroz, quienes también estaban acusados por almacenamiento, porque en la vivienda que éstos ocupaban en Monseñor Lezcano se les ocupó 30 kilos de droga, 8 mil dólares y 2 mil córdobas en efectivo.

Aparentemente, la camioneta Nissan Frontier había sido comprada al crédito en el autolote “El Chele”, y su dueño, Juan Carlos Zúñiga, se la reclamó al juez por medio de su abogado, el doctor Javier Eulogio Hernández.

El gusto de conducir narcovehículos
El juez Cortés decidió entonces nombrar como nuevo depositario judicial a “El Chele” en sustitución de la juez Ugarte, quien no es la única judicial que tenía en calidad de deposito un “vehículo narco”, porque hay otros judiciales que a riesgo de ser blanco de la molestia de sus verdaderos dueños, circulan por las calles de Managua en las camionetonas y carros ocupados al narcotráfico.

Aunque los jueces de distrito devengan salarios que rondan o superan los 30 mil córdobas mensuales, en algunos casos, un juez al cual se le preguntó por qué andaba en un vehículo del narcotráfico, explicó que lo hacía porque la Corte Suprema de Justicia no tiene dinero para comprar vehículos y asignárselos, como tampoco podían andar en bus, por seguridad.

Según los artículos 82 y 83 de la Ley 285, contra el tráfico de drogas, estupefacientes, sustancias controladas y lavado de dinero, todos los bienes que se usan para la comisión de un delito y el producto del mismo, deben ser resguardados por la Policía.

El juez que tramita la causa puede decretar embargo o cualquier otra medida de aseguramiento sobre dichos bienes y asignar al depositario que estime conveniente previa consulta con el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas. Mientras no haya sentencia firme, no se puede disponer la entrega definitiva de ningún bien.

Avalan “costumbre”

Sin embargo, dicho procedimiento no se está cumpliendo porque la Comisión Interinstitucional para la aplicación del Código Procesal Penal y la Corte avalaron la entrega en depósito de los vehículos ocupados al narcotráfico, para usarlos en la movilización de los jueces, en vista de que la Policía no tiene condiciones para mantenerlos.

Se desconoce el número de “vehículos narcos” que, a la fecha y a nivel nacional están en manos de los jueces, pero en Managua hay cinco judiciales que se movilizan en ellos.

En agosto de este año, el tema de la administración de los bienes decomisados al narcotráfico salió a colación como parte las discusiones que generó el “proyecto de ley contra la narcoactividad, lavado de dinero, bienes o activos, el crimen o la delincuencia organizada transnacional”.

El proyecto de ley establece la creación de una unidad administradora que sería la encargada de “gerenciar y distribuir” lo ocupado entre las instancias que combaten el crimen, sin embargo, la iniciativa sólo quedó a nivel de discusión, a la espera de que el próximo año el referido proyecto sea retomado.