Eloisa Ibarra
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Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “se repartieron con la cuchara grande” y al margen de la Ley 42, un total de 672 mil dólares de un millón 680,800 ocupados en Rivas al caraceño Martín Fernández León, quien fue condenado por contrabando aduanero.

Aunque la Ley 42, Ley de Defraudación Aduanera, establece que “las mercancías decomisadas deben distribuirse equitativamente entre los captores, la Dirección General de Aduanas y el denunciante, cuando lo haya”, los magistrados de la CSJ hicieron la repartición al margen de la ley.

La resolución, en respuesta a un recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía, fue firmada por los magistrados: Armengol Cuadra, Rafael Solís, Juana Méndez, Gabriel Rivera y Antonio Alemán. Sólo el magistrado Sergio Cuarezma disintió.

En la resolución, los magistrados expresan que la Fiscalía “guardó pasividad” en el caso, pues quien recurrió de casación fue la Procuraduría contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Granada, que redujo la pena a Fernández de cinco a tres años de prisión, alegando que no existían agravantes.

La Procuraduría argumentó, desde primera instancia, que el criterio del legislador al asumir la posición de denunciante y captor de la Ley 42, se refiere a personas particulares y no a instituciones, pues se estaría creando un presupuesto paralelo que quedaría fuera de control.

La Sala Penal confirmó el pasado 24 de noviembre la condena a tres años de prisión, y distribuyó el dinero de la siguiente manera: 20 por ciento para la Policía Nacional y el restante 80 por ciento en partes iguales entre el Poder Judicial y Aduanas.

La Fiscalía recurrió de reposición porque los excluyeron de la distribución del dinero, pero no objetaron la confirmaron de la reducción de la pena de cinco a tres años de prisión para el acusado.

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que no quería hablar del caso, y se limitó a expresar que a la Fiscalía le duele mucho la resolución.

Fernández fue detenido junto al guatemalteco Eddy Leonel Cordón, el 11 de enero de 2007 en horas de la noche, cuando peritos de la Policía requisaron el camión Ford, blanco, placas CZ 4748, que conducía cargado con muebles de mimbre que serían supuestamente comercializados por el guatemalteco en Costa Rica.

Aunque la Ley 42 establece que el dinero debe distribuirse en partes iguales entre el captor, Aduanas y el denunciante, si hay, los magistrados de la Sala Penal le dieron 336,036 dólares a la Policía Nacional, correspondiente al 20 por ciento “en cumplimiento a la Ley 42, como parte denunciante del delito”.

Los magistrados distribuyeron 672 mil dólares a favor de la Dirección General de Aduanas, y la misma suma al Poder Judicial, aunque no fundamentan en qué ley se basan para quedarse con esa suma de dinero.

Resucitan Código viejo para repartir
Aunque los magistrados de la CSJ han defendido que a reos peligrosos como asesinos y violadores se les apliquen les beneficios combinados del viejo y el nuevo Código Penal, esta vez dejaron establecido que los juicios comenzados con el viejo Código, así deben seguir.

Los magistrados aclaran que el Código Penal vigente, en su artículo 567, inciso primero, señala que “los delitos y faltas cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código se juzgarán conforme al Código Penal de 1974, las leyes que lo reforman y demás leyes especiales que contienen delitos y faltas penales”.

Expresan, además, que el artículo 566, inciso 11, expresamente derogó la Ley 42 antes citada, por lo que esta Sala, en cumplimiento del principio de aplicación de la ley penal en el tiempo, ha sido de la opción de aplicar lo concerniente al beneficio expreso que debe obtener el denunciante (Policía Nacional) y aplicar por otro lado las reglas del decomiso señaladas en el artículo 112 del mismo Código Penal vigente.