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Un aumento en los años de prisión y penas accesorias  para quienes sean declarados culpables por delitos de narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de órganos están  proponiendo la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

El endurecimiento de condenas por los ilíctios antes mencionados figura en la propuesta de reforma al Código Penal  enviada recientemente por la CSJ al Parlamento.

La CSJ también propone a los diputados que sean los jueces técnicos o de derechos quienes en lo sucesivo decidan la culpabilidad o no de quienes son acusados por asesinatos,  homicidios, parricidios o cualquier otro delito cuya pena exceda los cinco años.

Delitos imprudentes
En la propuesta de cambios a la legislación penal, también  se plantea la mediación  en los delitos menos graves  como los homicidios imprudentes antes de llegar a la vía jurisdiccional.

Las mediaciones podrán hacerse ante mediadores de la Dirección Alterna de Conflictos, Dirac  Ministerio Público, organismo de Derechos Humanos y abogados privados.

Esto significa que en  los accidentes de tránsito con resultados de personas lesionadas o fallecidas antes de ejercer la acción penal en la instancia judicial deberá realizarse el trámite de mediación.

Aumentan penas
En la propuesta de cambios, la CSJ propone que los declarados culpables por lavado de dinero enfrentarán condenas de entre 10 y 15 años de prisión superior a la actual que va de 5 a 7 años.

El supremo tribunal, también  está  proponiendo a la Asamblea Nacional aumentar en tres los años de prisión  por tráfico de órganos, tejidos y células humanas.

En la iniciativa de ley  la CSJ pide aumentar hasta 14 los años de prisión para quienes sean declarados culpables  por los ilíctios relacionados a la portación, tenencia y tráfico de armas  y explosivos.

La persona jurídica
Otra de las novedades que contiene la propuesta de cambios a la legislación penal es la imputación de responsabilidad penal para las personas jurídicas cuyos directivos, socios, o gerentes se involucren en delitos como lavado de dinero, crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico, peculado, cohecho y tráfico de influencias.

La sanción para la persona jurídica se aplicará mediante multas, cierre de locales y establecimiento --que podrá ser temporal o definitivo-- además de  la cancelación de su razón social, según la iniciativa de ley.

Hablan los expertos
Para la exfiscal, Silvia Sánchez Barahona, la propuesta de reforma va a generar un interesante debate en los tribunales por las contradicciones jurídicas que la misma contiene y porque define la nueva política de persecución penal por parte del Estado.

Por su  parte,  el catedrático universitario, Danilo Lacayo,  indicó que la nueva figura de la sanción penal para la persona jurídica  debe ser analizada cuidadosamente por los legisladores.

Lacayo explicó que el directivo o socio de una empresa que  anda en actividades ilícitas,  obviamente  no le va a decir a los otros miembros de la sociedad y sería injusto que se afecte a terceros.

El abogado, Mario Rey Delgado, señaló que la propuesta de eliminar los jurados de la mayoría de los delitos y establecer como única medida cautelar únicamente la prisión preventiva viola los derechos constitucionales de presunción de inocencia y de ser juzgado por un tribunal de jurado.

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