Lizbeth García
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Pese a que la defensa de la ex notaria del Estado, Morena Avilés Serrano, presentó documentación para acreditar que ésta tiene un tumor y debe ser sometida hoy sábado a una intervención quirúrgica de la columna, el juez Octavio Rothschuh decidió mantener en prisión a la ex funcionaria que está cumpliendo dos sentencias de once y seis años de prisión, respectivamente, por estafa, estelionato y falsificación.

“Si está enferma que vaya a tratamiento con custodia, porque el Sistema Penitenciario está obligado (a proporcionársela) de oficio, aún sin orden judicial”, resolvió el juez.

Carlos Palacios solicitó la suspensión de la ejecución de la pena porque Avilés está enferma, sin embargo la Fiscalía y la Procuraduría le hicieron ver al juez que la última vez que el Instituto de Medicina Legal valoró a la reo, el 17 de noviembre de este año, determinó que podía seguir bajo régimen carcelario, porque pese a sus padecimientos, su vida no estaba en peligro.

Palacios también le solicitó al juez que unifique en una sola las dos penas que le impusieron a su defendida en los juzgados Quinto y Séptimo Penal de Juicio de Managua, y que las adecue a la nueva legislación penal que castiga los delitos de estafa, estelionato y falsificación con una pena de uno a cuatros años de prisión como máximo.

El abogado solicitó al juez que le imponga a Morena un año de cárcel por cada uno de los delitos por los que fue sentenciada.

La fiscal Sugey Fúnez no se opuso a que se unifiquen las penas y que se adecuen a lo establecido en el nuevo Código Penal de Nicaragua, pero le pidió al juez que tome en cuenta que las penas que le impusieron a la ex notaria del Estado fueron las máximas que existen para cada delito, en virtud de que existían varios agravantes en su contra.

Para el Ministerio Público, la pena que le correspondería a Moreno por los tres delitos por los que fue inculpada son 16 años de prisión.

El procurador Óscar Gutiérrez secundó la posición de la Fiscalía y le solicitó al juez que le imponga a Moreno cuatro años de prisión por cada uno de los delitos por los que fue sentenciada, porque no ha indemnizado al Estado ni a Pablo Enrique Gulke Adam ni a José Rigoberto García, a quienes habría perjudicado con la venta de tierras que pertenecen al Estado.

Después de escuchar los argumentos de las partes en juicio, el juez decidió postergar su decisión sobre la unificación y adecuación de la pena para el nueve de enero de 2009, en vista de que el Poder Judicial se fue de vacaciones de Navidad, fin de año y año nuevo ayer mismo.

Durante los juicios que se tramitaron en su contra, Avilés ha mantenido que es inocente, que la información que ella tenía en su oficina hasta que la despidieron fue manipulada, y que hay otras personas vinculadas a los delitos que le achacan, pero la Fiscalía nunca quiso investigar.