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El Grupo Promotor del Buen Trato, que en los últimos siete años pugnó por la prohibición del castigo físico y humillante a la niñez, está cabildeando ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se promueva una reforma al Código Penal, de cara a incluir sanciones específicas contra quienes ejerzan violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

La procuradora especial de la Niñez, Martha Toruño, señaló que tras lograr que en el recién aprobado Código de la Familia, que entra en vigor mañana, se estableciera que no se puede utilizar el castigo físico o humillante como forma de corrección o disciplina, “el paso que sigue” es incluir en el Código Penal castigos expresos y específicos contra quienes cometan ese tipo de agresión.

“Pasamos una propuesta a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que en el Código Penal se incluya un castigo expreso en el caso de agresiones contra niños, niñas y adolescentes. No ha habido respuesta en este momento, pero consideramos que ese es el paso que sigue”, indicó Toruño.

“El Código de la Niñez remite al Código Penal, pero en este no está considerado el castigo a agresores de niños específicamente”, agregó la funcionaria.

Un gran paso
Para la coordinadora de la Maestría en Políticas Sociales y Derechos de la Niñez de la Universidad Centroamericana (UCA), Karla Hernández, la prohibición del castigo físico y el trato humillante a los menores de edad representa un avance extraordinario.

La experta indicó que la normativa viene a articularse con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como con una serie de instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado en torno a la protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, el Código de la Familia no establece ningún tipo de sanción para los padres o tutores que castiguen físicamente a sus hijos.

“Sabemos que va a haber mucha aversión de parte de los padres, porque sienten que les vas a quitar autoridad, pero desafortunadamente solo las leyes nos van a poder ir enseñando y educando de una u otra forma el respeto a los derechos de los niños, expresó Hernández.

Secuelas
De acuerdo con la psicóloga y miembro de la federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y Adolescencia (Codeni), Karla Olivares, la naturalización del castigo físico en la educación y fomento de disciplina hacia los niños permite que no se visibilicen las consecuencias  y efectos  que tienen a  mediano y largo plazo.

Por ejemplo, explica la experta, entre las consecuencias que deja este método de corrección en los niños están el miedo, la inseguridad, agresividad, tendencia a replicar los modelos de violencia en otros entornos y etapas de su vida, entre otros.

“Normalmente cuando castigan le dicen te pego porque te quiero; porque quiero que seas una buena persona te estoy corrigiendo. Entonces el niño y la niña aprenden que necesitan ser golpeados para estar bien, que merecen o necesitan dolor para hacer las cosas bien”, sostuvo Olivares.

Además, explicó, si el castigo físico se convierte en un hábito para educar, en muchas ocasiones los niños se acostumbran a ese trato y no haya una respuesta positiva.

“Los niños se acostumbran tanto al golpe que es la única forma de relación que aprenden a tener con su papá o mamá, o los tutores. Hacen el comportamiento por el que lo están corrigiendo, porque portarse mal es la única manera de tener relación con los padres”, concluyó Olivares.

Antecedentes legales

La iniciativa de Ley para un Código de Familia se presentó en 1994 ante la Asamblea Nacional.

2005
Se impulsan esfuerzos para conformar un grupo de incidencia política en el tema de la prohibición del castigo físico y humillante hacia la niñez.

2006
Nicaragua se comprometió junto con el resto de miembros de la ONU a crear las acciones y regulaciones pertinentes para fomentar el buen trato a niños, niñas y adolescentes, tras ser presentado el Estudio Mundial de Violencia contra la Niñez, que calificaba el castigo físico como una acción degradante.

2008
Se constituyó el Grupo Promotor del Buen Trato que incluyó la propuesta de prohibición en el Código de Familia.