Mauricio Miranda
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Hoy jueves 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta autoridad que existe para dirimir controversias en Derecho Internacional, decidió si tiene o no la jurisdicción para resolver el conflicto entre Nicaragua y Colombia por la definición de los límites de ambos países en el Mar Caribe.

La sentencia se comenzaría a leer a las diez de la mañana de hoy en La Haya, Holanda, donde el tribunal tiene su sede. Es decir, que en Nicaragua dicho acto ocurrió a las tres de la madrugada, horas después de que EL NUEVO DIARIO había cerrado su edición.

Sin embargo, horas antes de que se emitiera el fallo, END recogió tanto la posición de Carlos Argüello, el Agente de Nicaragua en La Haya, como la de Fernando Araujo Perdomo, canciller de Colombia sobre el conflicto.

Colombia solicitó a los jueces del máximo tribunal, con sede en La Haya, Holanda, que declaren terminado el conflicto marítimo con Nicaragua, argumentando que la CIJ no tiene competencias en este caso, lo cual es rechazado por Nicaragua.

Para Colombia no existe tal problema limítrofe, ya que considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930.

Por lo tanto, reclama la soberanía sobre una extensión en el Mar Caribe de más de 50 mil kilómetros cuadrados, incluyendo las islas de San Andrés y Providencia.

Nicaragua, en cambio, incide en la existencia del litigio, como lo demuestra, a su juicio, que después de 1930 han tenido lugar negociaciones bilaterales entre los dos países para intentar resolverlo.

Nicaragua optimista

Carlos Argüello, agente de Nicaragua en La Haya, sostuvo que Colombia no tenía oportunidad de escapar a la autoridad de la Corte, y enfatizó que la soberanía que reclama dicho país está sustentada en la fuerza militar y no en argumentos jurídicos.

“Si Nicaragua ha recurrido a la Corte buscando un arreglo pacífico para una controversia, tendría que haber una fuerza muy importante que impidiera a la Corte conocer de este asunto, y realmente los argumentos colombianos no tienen la más mínima fuerza para cohibir la actuación de la Corte”, afirmó Argüello vía telefónica desde Holanda.

“Ésta es una situación que desde 1928 le fue impuesta a Nicaragua por la fuerza, y se ha continuado manteniendo con la fuerza. Porque si Nicaragua, como dijo el presidente (Daniel Ortega) fuera una potencia, creo que otra situación se habría presentado”, destacó el diplomático.

“Y el colmo, la ironía, por no usar otros términos, es que para la última celebración de la independencia de Colombia, por primera vez en su historia, fueron a celebrarla en San Andrés, precisamente cuando la Corte estaba deliberando el asunto, y lo hacen con la marina de guerra, con todo su Ejército y todas las cuestiones”, afirmó.

Argüello señaló que después de que la CIJ determine su jurisdicción sobre el conflicto, el objetivo de Nicaragua será acelerar el proceso de exposición del fondo del asunto, etapa a la cual Colombia no quiere llegar por temor.

El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua demandó a Colombia pidiendo que se declarara la soberanía sobre las islas y cayos susceptibles de apropiación, y que la Corte definiera una línea de delimitación única, que separe la respectiva zona económica exclusiva y plataforma económica continental.

El 29 de abril de 2003, Nicaragua entregó su documento memoria. Tres meses después, el 21 de julio de ese mismo año, Colombia presentó sus objeciones preliminares a la jurisdicción de Nicaragua. Este 13 de diciembre, la CIJ resolverá sobre dicho recurso que interpuso el país sudamericano.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que a Nicaragua nos tienen que dar todos los espacios marítimos que nos corresponden de acuerdo con el Derecho Internacional, que mínimo son las 200 millas marítimas de la zona económica exclusiva”, explicó Argüello.

Para el diplomático nicaragüense resulta “increíble” que Colombia pretenda apoderarse de más de 50 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo, reclamando, sin argumentos legales, la soberanía sobre dos islas que en total suman una extensión aproximada a los 40 kilómetros cuadrados.

“Esa pretensión de Colombia de que el meridiano 82 es un límite, sabe que se le va a desmoronar en cuanto esto sea visto, revisado y decidido por un tercero imparcial”, sostuvo.

Colombia insistía: Corte sin competencia

Sin embargo, esta posición contrasta con la que ayer dio a conocer el canciller de Colombia, Fernando Araujo Perdomo, en una entrevista vía telefónica a un canal de televisión local.

“Nuestros abogados han insistido en que este tribunal no tiene competencia para dirimir casos ya resueltos. Es decir, las diferencias entre Colombia y Nicaragua ya fueron resueltas desde 1928, con el tratado que firmaron ambos países, y que tiene plena vigencia, y que por eso consideramos que no requiere de ninguna decisión adicional”, expresó Araujo.

Para el canciller colombiano, la soberanía que su país tiene sobre San Andrés y Providencia no tiene ningún tipo de dudas.

Araujo señaló otros panoramas en la decisión de la CIJ. “Hay una tercera posibilidad, es que en algunos aspectos de la demanda, la Corte decida que no tiene competencia, y en otros considere que sí”, dijo.

“Y diría que hay una cuarta adicional, y es que diga: Yo todavía no tengo los elementos suficientes para decidir si tengo o no competencia, requiero de más información, voy a seguir trabajando en esto, y antes de dar el fallo final sobre el fondo, me defino en relación con la competencia”, apuntó el canciller colombiano.

Teoría desvirtuada

El ex canciller Emilio Álvarez Montalbán reconoció, sin embargo, cierta validez en el argumento de Colombia, de que sobre un tratado como el Esguerra-Bárcenas, no se puede formar un nuevo alegato.

“Hay una cláusula en la Corte que dice que en ciertos casos, el demandado --que en este caso es Colombia--, tiene derecho de alegar falta de jurisdicción. Y esa falta de jurisdicción la afirma Colombia porque dice que ya hubo un tratado en que los dos países soberanos arreglaron ese asunto del límite”, explicó el ex canciller.

“Y además, Colombia alega que no habrá alegatos sobre tratados ya firmados. Sin embargo, esa teoría ha sido desvirtuada incluso por el papa Juan XXIII, quien dijo que cuando un contrato o un tratado es injusto, siempre es motivo de revisión. Y éste es el caso”, indicó.

“Es un alegato difícil de ganar, porque ya tiene ochenta años de existencia. Pero tal vez a la Corte en La Haya no le gusta que la desconozcan como árbitro, y por eso va a decirle a Colombia que está obligada a presentar su caso de defensa ante la demanda de Nicaragua”, concluyó.