•   Managua, Nicaragua  |
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La distribuidora de Energía Eléctrica Disnorte – Dissur confirmó a través de una nota de prensa  que están citando a las estaciones de Policía a los usuarios que son descubiertos cometiendo fraude energético.

De acuerdo a la comunicación oficia el nuevo plan contra los usuarios que “sistemáticamente roban energía eléctrica” en viviendas y negocios comenzó el pasado viernes en cinco vecindarios del Distrito II de la capital.

Los primeros en ser citados a la estación policial por presunto fraude energético fueron usuarios de los barrios Santa Ana, San Sebastián, Bóer y de los repartos residenciales Las Palmas y El Carmen.

Jorge Kathin, vocero de Disnorte – Dissur, explicó que las acciones del nuevo plan inician con la presentación de la denuncia en el distrito policial correspondiente, donde el usuario es citado para que resarza el daño económico.

De  no haber acuerdo, el caso es remitido al Ministerio Público para que ese ente acuse por aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, cuya sanción es la imposición de una pena de uno a tres años de prisión.

Altos consumidores
 

Disnorte – Dissur  también  dispuso un plan similar antifraude con clientes de alto consumo en las zonas agrícolas del país, comenzando en Malacatoya, jurisdicción de Granada  donde se cultivan miles de manzanas de arroz que requieren de energía eléctrica para el riego.

El plan contra los altos consumidores que roban  energía se desarrolla en los sectores donde Disnorte – Dissur estima que la sustracción indebida de energía eléctrica supera el 50% de la suministrada.

En el caso de Malacatoya, la empresa prestataria del servicio de energía registró durante el pasado mes de enero 44% de pérdida de la energía suministrada lo que se contrasta  con lo “boyante” que lucen los cultivos de arroz en aquellas fincas donde los dueños tiene suspendido el servicio.

Kathin recordó que Disnorte – Dissur antes de realizar esta campaña antifraude de energía  el año pasado --2014--  dio seis meses de gracia para que los clientes legalizaran su situación sin ser multados ni sancionados.

De enero del 2013 a noviembre del 2014, 57 casos fueron acusados en los tribunales capitalinos sobresaliendo nueve casos que totalizaron 7.6 millones de córdobas, según investigación hecha por El Nuevo Diario.