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Una intervención a la importadora y distribuidora de gas butano, Tropigás, con un disparatado Estado de Emergencia; una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional para ascender en grado a tres comisionados mayores, de tal forma que se aumentó en número la jefatura nacional de esa institución; la legitimación de las elecciones municipales de 2008, señaladas por la oposición, las iglesias y la sociedad civil de fraudulentas; la autorización para la entrada a costas nicaragüenses de tres buques rusos sin la aprobación de la Asamblea Nacional… y lo último, reformas al Presupuesto General de la República por disposición ejecutiva.

Así se resumen los decretos más gruesos del Presidente de la República que retratan de cuerpo entero su desprecio por el Estado de Derecho y su vocación de ejercer el poder vertical y autocráticamente.


El Gran Legislador
En un claro afán por controlar todos los poderes del Estado, el presidente Ortega ha usurpado en reiteradas ocasiones las facultades de la Asamblea Nacional. El último decreto del año es con el que manda al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, a incorporar todas las modificaciones presupuestadas proyectadas que no han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, borrando partes fundamentales de la Constitución y erigiéndose en el gran legislador del país.

La Asamblea Nacional está sin sesionar debido a la crisis generada por las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre. Incluso, antes de los comicios, el presidente intentó que este poder del Estado aprobase la reforma presupuestaria, pero diputados opositores se negaron, aduciendo que las partidas serían utilizadas para hacer proselitismo a favor del Frente Sandinista.

Después de las elecciones, legisladores de la oposición también se han negado a hacer quórum si no se les acepta la propuesta de anular los recientes comicios.

Así, pues, los diputados no han aprobado el Presupuesto General de la República, PGR, 2009 ni varios préstamos de organizaciones financieras internacionales que suman unos 52 millones de dólares, además de millonarios desembolsos a distintas instituciones del Estado y la Reforma al Presupuesto 2008.


Un decreto que no existe
Diputados y constitucionalistas calificaron de ilícito, ilegal e inexistente el decreto de Ortega, debido a que esa facultad le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, y por tal razón consideran que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no está obligado a acatar las disposiciones que contiene.

Otro decreto que le valió muchas críticas al presidente en el sentido que violentaba la Constitución Política de Nicaragua y se atribuía facultades que no le corresponden, fue el Acuerdo Presidencial Número 356-2008, con el cual otorgó el grado de comisionado general a tres comisionados mayores, aumentando en número la jefatura nacional de tres subdirectores a seis.


Una co-presidente
Para tal disposición, el ejecutivo mandó a reformar el artículo 217 del Reglamento de Ley de la Policía Nacional, a través del Decreto Número 45-2008. Éste fue dado a conocer por la primera dama, Rosario Murillo, durante la celebración del 29 aniversario de la Policía Nacional el pasado cinco de septiembre, mostrándose como una co-Presidenta de la República, sin que nadie la haya electo.

Según el Acuerdo Presidencial, la primera comisionada Aminta Granera, por medio de la Disposición 018-2008, “propuso al Presidente de la República el ascenso de los Comisionados Mayores Francisco Javier Díaz Madriz, Mercedes Ampié y Róger Antonio Ramírez Guzmán al Grado de Comisionado General”.

Al mandatario se le señaló de violentar la institucionalidad de la Policía Nacional, ya que según expertos, el Presidente de la República no puede reformar a través de un decreto ejecutivo lo que está establecido en una ley ordinaria, que es la de mayor jerarquía jurídica.

Además, se especuló que los ascensos obedecen a un intento de Ortega de dejar a su consuegro, Francisco Díaz, como potencial jefe de la Policía Nacional, pues hasta el momento de emitido el Acuerdo Presidencial, la jefatura nacional de esa institución sólo estaba constituida por los comisionados generales Horacio Rocha López, Carlos Palacios Linarte, Javier Meynard Arana y Juan Báez Galeano.


El Supremo Árbitro Electoral
Con la crisis desatada inmediatamente después de realizadas las elecciones municipales el pasado 9 de noviembre, el presidente Ortega insólitamente emitió un decreto donde declaró legítimos el proceso y los resultados de dichos comicios.

“Se reconoce la legitimidad del Proceso Electoral Municipal desde su inicio y las votaciones efectuadas el 9 de noviembre, así como también los resultados definitivos que se dieron a conocer mediante la Proclama de Electos leída por el Presidente del Consejo Supremo Electoral el día 20 de noviembre y publicada en su totalidad en La Gaceta, Diario Oficial, Número 222 del día 20 de noviembre del corriente año”, se lee en el Decreto Número 73-2008.

En esa ocasión, Carlos Tünnermann señaló que el presidente Ortega estaba asumiendo atribuciones que no tiene, y dijo que el decreto no cabía. “El Poder Ejecutivo no tiene competencia para hacer decretos legitimando los resultados de una elección... los resultados de una elección los legitima el pueblo de Nicaragua... y por tanto no cabe el decreto del Ejecutivo”, expresó.

Como una forma de advertencia para los diputados que en ese momento comenzaron a hablar de una ley que declare nulas las elecciones, en el artículo dos del decreto “se reconoce, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Electoral, al Consejo Supremo Electoral como el único Poder del Estado y la única autoridad nacional con jurisdicción y competencia exclusiva en materia electoral y por consiguiente, como el único capaz de poder decretar la nulidad de cualquier tipo de elecciones”.

A la vez, el artículo tres contiene un “rechazo de plano” por parte del presidente a la iniciativa de Ley de Declaración de Nulidad de las Elecciones Municipales por ser “notoriamente inconstitucional”. Así mismo, paradójicamente, el artículo cuatro hace un llamado a reconocer el respeto a la división de los Poderes del Estado.

El jurista Sergio García Quintero manifestó que lo que Ortega pretendía con ese decreto era “dejarle claro a la Asamblea Nacional que no debe inmiscuirse en resoluciones de otros poderes del Estado, cuando más bien él, desde la cabeza del Estado, se ha caracterizado por violentar la Constitución casi todos los días”.


Un absurdo Estado de Emergencia
El pasado 24 de agosto, el presidente Daniel Ortega emitió el Decreto de Estado de Emergencia Económica, Decreto Presidencial Número 53-2008, con el cual autorizó al Instituto Nicaragüense de Energía, INE, para intervenir las instalaciones de la empresa Tropigás y para nombrar una Junta Interventora Temporal, con el fin de regular la importación y distribución del gas butano por un período de seis meses.

El mandatario argumentó que la medida pretendía proteger a los hogares nicaragüenses del desabastecimiento de gas butano, puesto que Tropigás había hecho esta amenaza si el INE no le aprobaba un aumento del 100 por ciento en el precio del producto.

Además, señaló que Tropigás no estaba cumpliendo con la disposición legal de mantener reservas del producto de al menos 10 días, así como recordó que esta empresa había sido multada por el INE en reiteradas ocasiones por vender cilindros con bajo peso y a precios no oficiales, según denunció el titular del INE, David Castillo.

Tropigás fue ocupada por la Junta Interventora del INE un día después de emitido el decreto, y al mismo tiempo que los directivos de la empresa intervenida, los diputados de la Junta Directiva de la Asamblea señalaron que éste no dejaba claro cuáles eran los derechos y garantías constitucionales que el presidente mandaba a suspender, y si el decreto regía en todo o parte del territorio nacional, como establece la Ley de Emergencia.


Ampliación contra amparos
El decreto fue devuelto tres días después por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la intervención a Tropigás se dio, y hasta la fecha esta empresa sigue ocupada por la Junta Interventora del INE, aun cuando la semana pasada el mismo INE recomendó levantar la intervención contra la empresa, pues según su titular, David Castillo, las razones que llevaron a ocuparla ya no existen.

Incluso, el pasado tres de octubre, el presidente mandó a publicar el Decreto Número 55-2008, Decreto de Ampliación del Estado de Emergencia Económica, que suspende en todo el país durante seis meses el derecho de Tropigás a interponer Recursos de Exhibición Personal o de Amparo, y el derecho pleno de esta empresa de realizar actividades económicas.

“En este caso (la suspensión del derecho del recurso de amparo) es para que las personas de la empresa intervenida no puedan recurrir por la intervención”, explicó en esa ocasión el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), Manuel Aráuz.

Con este nuevo decreto, además, el precepto constitucional (artículo 104) que “garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que, por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”, quedó interrumpido también.

Así mismo, ese decreto ratificó el mandato de intervención a Tropigás y especificó también cuáles eran los derechos consagrados en la Constitución Política que quedarían suspendidos durante ese período, lo cual fue una solicitud de la Asamblea Nacional antes de aprobarlo.

Sobre la ratificación del primer decreto por medio de esta nueva disposición presidencial, el constitucionalista Gabriel Álvarez dijo esa vez que “pareciera que el Presidente quiere atribuirse facultades de la Asamblea Nacional (pues) esa figura (de ratificar) no existe, el Presidente no ratifica, lo declara y lo suspende”.


Los barcos de guerra rusos
Otro decreto, pero no menos importante y controversial, es el número 77-2008. Con éste, en su artículo uno el presidente autorizó “el ingreso al territorio nacional de un destacamento compuesto por tres buques con 650 efectivos militares de la Fuerza Naval de la Federación de Rusia, para participar en una Visita de Intercambio Humanitario con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en el período comprendido del 10 al 20 de diciembre de 2008”.

El decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, y los tres buques rusos llegaron al Puerto de Bluefields el pasado 12 de diciembre. En repudio a la arribada, al día siguiente un grupo de diputados liberales se presentó ante la sede de la Embajada de Rusia para entregar una carta en la que solicitaron que sus naves anclen en aguas internacionales y no en las nicaragüenses, por considerar que se estaría violando la soberanía nacional.

El presidente Ortega justificó la entrada ilegal al país de buques de la Armada rusa, aduciendo que no se cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución Política porque la Asamblea Nacional no ha sesionado.

Los buques rusos partieron dos días antes de lo previsto. El anticipo de su salida del país estaría influenciado por la protesta de la oposición que consideró que su ingreso era ilegal y una violación a la soberanía.