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El presidente Daniel Ortega está socavando las bases fundamentales del Estado de Derecho al reformar, vía decreto presidencial, el Presupuesto General de la República, considera el constitucionalista Gabriel Álvarez, para quien la última decisión del gobernante “va más allá de una simple ilegalidad técnica”.

A juicio de Álvarez, el último decreto de Ortega remarca la tendencia de “irrespeto a la Constitución y al Estado de Derecho” que el mandatario ha mantenido en sus dos primeros años de gobierno.

“El Presidente está ejerciendo facultades que no tiene, y en una materia muy delicada, una materia reservada exclusivamente a la Asamblea Nacional, lo que provoca un proceso acelerado de desinstitucionalización del poder”, expresó Álvarez.

Ortega emitió el decreto presidencial 78-2008 con el que reforma el Presupuesto General de la República de este año, ya que desde hace más de dos meses el Parlamento está paralizado. Ni el partido de gobierno ni la oposición han logrado los votos necesarios para conseguir el quórum de ley necesario para iniciar una sesión legislativa.

El artículo 51 de la Constitución Política establece que la Ley Anual del Presupuesto General de la República “podrá ser modificada durante su ejecución, con el objetivo de ajustar las proyecciones de ingresos y/o los límites de egresos a las necesidades y disponibilidades de recursos (...) El Proyecto de Ley será presentado por el Presidente de la República a consideración de la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación”.

¿Algo peor? Difícil
“En términos jurídicos-conceptuales, creo que difícilmente podría hacer cosas más graves”, aseguró Álvarez. Ésta no es la primera vez que el presidente Ortega reforma vía decreto otras leyes. Modificó el reglamento de la Ley Creadora de la Policía Nacional y autorizó la entrada de buques de guerra rusos, entre otros.

El economista Adolfo Acevedo sostiene que la actuación del mandatario “rompe con los principios más elementales que sustentan el marco legal y constitucional del país”.

Sin embargo, la diputada sandinista Alba Palacios justificó la decisión de Ortega alegando que “el Presidente es el máximo dirigente del país”.

“Al Presidente le corresponde organizar el país y la economía, y por 44 diputados que no quieren trabajar, no se va a detener la economía y el país”, dijo la legisladora, quien basa sus declaraciones supuestamente en la Constitución Política.

Pero en su artículo 112, la Constitución establece que “toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional”

Preparan acusación
Según Álvarez, en términos generales “esto no tiene ningún valor jurídico”. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, conformó una comisión jurídica para acusar al presidente Daniel Ortega por la emisión del decreto.

“Analizamos el supuesto decreto que va a mandar a publicar el dictador Ortega; se quiere arrogar el derecho de legislar, violando la Constitución. Esa comisión jurídica se encargará de acusar al señor Ortega y a quienes implementen ese decreto, por ser nulo y al margen de la ley. Cada funcionario tiene su responsabilidad, Ortega actúa de hecho y no conforme a de derecho”, expresó el jefe de la bancada del PLC en el Parlamento, Maximino Rodríguez, en rueda de prensa.

El decreto
El Decreto de Modificación al Presupuesto General de la República incrementa el Presupuesto General de Ingresos para el ejercicio presupuestario 2008 en la suma de 605 millones 507 mil córdobas, en concepto de ingreso corriente.

Según leyó el Ortega en una comparecencia pública, la reforma destina a la Contraloría General de la República, 2 millones 490 mil córdobas; al Ministerio de Gobernación, 65 millones 504 mil 607 córdobas; al Ministerio de Relaciones Exteriores, 31 millones 848 mil 714 córdobas, y al Ministerio de Defensa, 20 millones de córdobas.

También le da al Ministerio de Hacienda, 978 millones 684 mil córdobas; al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, 15 millones 51 mil 511 córdobas; al Ministerio de Educación, 118 millones 771 mil 820 córdobas; al Ministerio Agropecuario y Forestal, 126 millones 277 mil 265 córdobas; al Ministerio de Transporte e Infraestructura, la suma de 40 millones 393 mil 357 córdobas; al Ministerio de Salud, 117 millones 901 mil 33 córdobas; 50 millones al Ministerio del Trabajo, y un millón 951 mil córdobas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Con la colaboración de Melvin Martínez