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Bajo el argumento de actuar en beneficio del pueblo nicaragüense, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, asumió ayer la responsabilidad de la ejecución de la reforma al Presupuesto de la República, ordenada por el presidente Daniel Ortega a través de un decreto que especialistas en la materia califican de inconstitucional y hasta delictivo.

En una conferencia de prensa a la que no fueron invitados medios de comunicación independientes, el ministro anunció que desde el lunes comenzaron a pagar los 605 millones 507 mil córdobas adicionales a las diferentes instituciones del Estado, “para garantizar la continuidad normal del proceso de desarrollo económico y social”.

Sin embargo, otras fuentes revelan que desde antes del Decreto ya se habían hecho todos los desembolsos.

Juristas, políticos y otros sectores del país han calificado el decreto 78-2008 de Ortega, que reforma el Presupuesto de 2008, como un irrespeto a la Constitución del país y las leyes, porque no está facultado a reformar la Ley de Presupuesto a través de ese medio.

Sin embargo, Guevara afirmó que el Ministerio de Hacienda es la entidad a la que por ley le corresponde administrar las finanzas públicas, y que ha cumplido al pie de la letra el decreto que se ajusta al inciso 4 del artículo 150 de la Constitución, “que faculta al Presidente decretar este tipo de instrumentos para garantizar la tranquilidad y la estabilidad de los nicaragüenses”.

30 millones al CSE
El ministro desglosó los desembolsos a cada una de las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral, al que se le otorgó 30 millones de córdobas para completar los gastos del proceso electoral municipal de noviembre pasado, calificado a nivel interno y externo como fraudulento, pero que según Guevara fue un “proceso de gestión democrática”.

Afirmó además que la reforma incluye partidas adicionales, pero también algunos ajustes, porque “algunos cooperantes le incumplieron al pueblo” y que el gobierno debía dar respuesta a esas necesidades de recursos.

Una alegre interpretación
El funcionario citó el artículo 150 de la Constitución, que señala que “son atribuciones del Presidente de la República las siguientes: Inciso 1: Cumplir la Constitución Política y las leyes y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas nicaragüenses.

“La Constitución Política de la República rige todas las decisiones que hemos tomado, todo dentro del marco Constitucional y las leyes”, apuntó, en un singular galimatías.

No teme interpelación
Pese a que solo fueron citados periodistas oficialistas, uno de ellos preguntó al ministro si no temía a una interpelación de parte de la Asamblea Nacional, a lo que el funcionario respondió de manera negativa.

“Nunca podríamos temer a las decisiones que son en beneficio del pueblo de Nicaragua. Nunca podríamos temer a la implementación de este decreto, porque la legalidad está con nosotros, porque el Presidente de la República, compañero Daniel (Ortega) al tomar esta decisión, ha tomado en cuenta todos los instrumentos que corresponden a una decisión de esta naturaleza, como la Constitución, la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo y su reglamento, contenido en la Ley 290, así como todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, dijo.

Guevara señaló que la legalidad de sus actuaciones, a partir de que el presidente Ortega lo nombró como ministro de Hacienda, lo faculta para administrar la actividad financiera del país y cuenta con el respaldo legal para ejecutar el decreto.

Algo así como una monarquía
“La misión suprema del Presidente de la República y los ministros de Estado es asegurar el bien común y ser gestor del bien común. Todo eso está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua, en los artículos 4 y 99, están claramente establecidos”, expresó.

Agregó que “de todas maneras, existen todas las posibilidades dentro de lo que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo para interpelar a un ministro. No le tememos a nada de eso, sabemos que seguimos actuando con la razón, con todo lo que tiene que ver con la necesidad de brindarle al pueblo de Nicaragua la tranquilidad”, añadió.

Acusó a los diputados de oposición de tener interés en crear zozobra en el pueblo, pero que el Poder Ejecutivo está tomando en cuenta el bienestar de la nación en sus actuaciones.

El ministro afirmó que algunos sectores tratan de crear una situación de ingobernabilidad y de romper con la institucionalidad del país, pero que “eso no va a ocurrir, porque en Nicaragua existe un gobierno revolucionario, sustentado en las leyes, que le da continuidad a un profundo proceso de transformación que este país ya requería después de la historia reciente”.