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Dos acontecimientos están terminando de hundir más en el marasmo institucional a Nicaragua, al concluir 2008 y despuntar 2009.

El Presidente de la República que solapadamente venía usurpando la labor legislativa del Parlamento, decidió despojarse de todo pudor legal y reformó, desde su escritorio, nada menos que la Ley General del Presupuesto de la República.

Los argumentos con que se justificó son tan subjetivos y alejados del ordenamiento jurídico de un Estado con cuyas reglas fue ungido Presidente de Nicaragua, que fácilmente podrían retorcerse para despojarlo de ese cargo.

Efectivamente, en la misma lógica de los considerandos del Decreto legislador del Presidente, un sector representativo de la Asamblea Nacional podría alegar incapacidades y desatinos del primer mandatario para desconocerlo como titular del Ejecutivo.

Podrían acusarlo, por ejemplo, de ser el organizador principal del fraude electoral del 9 de noviembre. De reprimir la libertad de expresión en las calles a punta de pedradas y garrotes. De dilapidar sin control institucional alguno la cooperación venezolana en programas clientelistas que no generan reproducción productiva ni la más remota posibilidad de desarrollo sostenible. De provocar la suspensión de valiosa cooperación externa en base a una permanente campaña de insultos y descalificaciones.

Por si hiciera falta, igualmente lo harían responsable de la letrinificación de las rotondas de Managua.

Las acusaciones del Presidente para asumir la función legislativa y las que los diputados podrían esgrimir para destituirlo, harían de Nicaragua, si es que ya no está hecho, un país regido por un gobierno de facto.

El otro acontecimiento es la posibilidad de que el 9 de enero tengamos dirigiendo la Asamblea Nacional a la más conspicua representación de la inmoralidad política.

“Si no lo elegimos se lo lleva el FSLN”, dice una voz desde El Crucero, conjugando su conocida inversión en la escala de valores.

Eso parece convencer a sus seguidores, que no dudamos saben que el inventor de esa corrupta bisagra, una vez en su cargo, podría doblar la gratificación con el adversario que hoy quieren eludir.

Frente a este panorama, 2009 debe ser el año de la unión de los ciudadanos por la democracia. Ya en 2008 se caminó bastante en este sentido, ahora debe profundizarse.

El mensaje a los nicaragüenses debe ser claro: no hay ningún proyecto social que nos saque del atraso y la pobreza si no se diseñan para gobernar, verdaderas instituciones democráticas que controlen el uso del poder.

Se puede y se debe remontar el subdesarrollo bajo cualquier signo de transformación económica, pero en base de la justicia, la libertad y la democracia.

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