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Desolados y tristes quedaron los hijos y la esposa del abogado Pablo Ramón Loáisiga, quien fue condenado a seis años de prisión por almacenamiento de drogas, porque la juez Tercero de Ejecución de Sentencia y vigilancia penitenciaria, Rosario Gaitán, no lo puso en libertad ayer, pese a que el reo ya cumplió la pena, por lo que anunciaron que recurrirán de queja contra ella.

Pero, además, interpondrán formal denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y en la Inspectoría Judicial del Complejo Judicial Nejapa, “porque esas violaciones no se pueden seguir permitiendo”, apuntó la abogada Vilma Vega, esposa del reo.

“A estas alturas, mi marido tiene 37 meses de efectiva prisión desde el 28 de octubre de 2004 hasta ahora, más el abono legal que se refiere a los días que ha trabajado en la penal, y todo eso suma más de 73 meses de pena cumplida”, explicó.

Vega recordó que la ley dice que ningún juez ni magistrado puede interpretar la ley a su arbitrio ni imponer penas no previstas en la ley, y el artículo 56 de la Ley 285, claramente dice que las personas que incurran en el delito de almacenamiento de drogas, serán sancionados con una pena que va de seis a doce años de prisión.

En primera instancia, Loáisiga fue condenado a más de diez años de cárcel por almacenamiento de drogas en el Juzgado Segundo Penal de Juicio, pero la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones reformó en parte la sentencia y dijo: “Se impone a Pablo Ramón Loáisiga le pena de seis años de prisión”, es decir 72 meses, resolución que la misma Corte Suprema de Justicia confirmó.


Magistrados son los culpables
Aunque no fue posible hablar con la juez Gaitán ayer, ella explicó en acta que rechazó el incidente de liquidación de pena porque Loáisiga sólo ha cumplido la mitad de lo que le impusieron.

Para sustentar su argumento, la juez mencionó en acta la carta aclaratoria que los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones le enviaron, explicándole que en la sentencia que emitieron se debía leer “presidio”, donde ellos mismos escribieron prisión.

Cabe explicar que los reos condenados a presidio no tienen derecho a ningún beneficio legal, incluyendo aquel mediante el cual un día trabajado sin salario, mientras estén presos, se les cuenta como que fueran dos días.

Vega anunció que seguirá luchando por la libertad de su marido y que apelará de la resolución dictada por la juez de vigilancia penitenciaria, pero además volverá a recurrir de amparo por detención ilegal, porque desde el cuatro de noviembre recurrió, “y es hoy y todavía no me han notificado si me van a nombrar un juez ejecutor o no, lo que es un descaro y una violación a los derechos humanos de mi esposo”.