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El arqueólogo e investigador Jorge Espinosa Estrada, director-fundador del Instituto Nicaragüense de Antropología e Historia, denunció que una propiedad urbana que le fue cedida en 1991 por el Estado de Nicaragua para fines de estudios científicos, se la está quintando el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).

Pero las afirmaciones de Espinosa fueron negadas de manera absoluta por funcionarios del Invur, que aseguraron que el arqueólogo no ha demostrado con documentos que la propiedad le pertenece.

Autor de varios descubrimientos arqueológicos en Nicaragua, como el segundo módulo de las Huellas de Acahualinca, en 1977, y la estratificación de los suelos y posterior ubicación de estudios de fallas sísmicas en Managua después del terremoto de 1972, el científico se quejó de “abuso de poder” y otras anomalías en su contra por parte del Estado.

La propiedad en cuestión vale oro. Está ubicada de la Rotonda del Periodista 500 metros al sur, frente al complejo de edificios de Ofiplaza y a un costado de la calle donde se ampliará la pista Monseñor Obando.


Eran de Somoza
El arqueólogo narró que estudió esas tierras en 1973 y en 1974 cuando Somoza Debayle contrató a un grupo de expertos norteamericanos para detectar las fallas geológicas de Managua, luego del sismo de diciembre de 1972 que destruyó la capital.

“Como soy arqueólogo, yo logré construir la cadena estratigráfica para identificar posteriormente las fallas sísmicas en el valle de Managua, y esos estudios sobre la capital comenzaron ahí en esta finca que hoy reclamo”, dice Espinosa.

Las tierras eran de Lilliam Somoza, la hija del general Anastasio Somoza García, pero originalmente la finca “El Retiro” pertenecía a Julio Valkett, un alemán al que Somoza García confiscó en los años cuarenta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Nicaragua le declaró la guerra a Alemania.


Méritos al estudioso
El 31 de julio de 1991, el doctor Gustavo Tablada Zelaya, Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, en reconocimiento a que las tierras habían servido para realizar los primeros estudios de riesgo sísmico, se habían identificado las fallas de Managua y se habían descubierto vasijas y restos milenarios de la cultura indígena, autorizó que la parcela 00601 pasara al Instituto Nicaragüense de Antropología e Historia (INAH).

El citado instituto fue fundado en 1992 y ha sido dirigido desde entonces por Espinosa, quien recibió la sesión de la propiedad por tiempo indefinido. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Reforma Agraria, se determinó que la parcela no era de orden público, y en la autorización se derogaba “toda disposición que le oponga, por lo que las autoridades civiles y militares y la policía prestará todo su apoyo al portador del documento para hacer efectiva la autorización”.

“Desde entonces, y por 20 años, la propiedad ha pertenecido al INAH y nunca han tenido nada que ver el Invur o el Bavinic”, dice el reclamante, quien muestra una carta de mayo de 1997, firmada por el entonces gerente general del Bavinic, Jorge Aguerri Hurtado, donde a solicitud del INAH se pidió una constancia de aclaración al Estado sobre la legalidad de la parcela, para reclamar trabajos que sin autorización estaba realizando la Empresa Nicaragüense de Energía.

“Tenemos a bien comunicarle que el Bavinic no ha autorizado trabajos de ninguna clase en dicha propiedad, pues es obvio que no tenemos ninguna base legal para tal intromisión y nos hemos caracterizado por ser respetuosos de las leyes”, dijo textualmente Aguerri al INAH.


Ratificada en 1998
“Debido a que el INE había entrado a la propiedad a realizar trabajos de tendido eléctrico, con excavaciones que ponían en peligro el trabajo arqueológico, fui donde el doctor Virgilio Gurdián Castellón, Ministro del INRA en 1998, a que emitiera una constancia de ratificación de la propiedad y me la extendió sin problemas”, argumenta Espinosa.

La propiedad aparentemente cuenta con escritura de sesión original y con plano catastral autorizado y actualizado entre 1990 y 2007, según copias de documentos mostrados por el científico, quien reconoce que la finca no está inscrita en el Registro de la Propiedad como manda la ley.

Para asegurar la custodia del patrimonio y desarrollar la investigación científica con protección legal del Estado, después que la propiedad le fue conferida al INAH, y que al Instituto le aprobaran la personería jurídica, la Asamblea Nacional, mediante el decreto 533, publicado en La Gaceta Diario Oficial, del lunes 23 de noviembre de 1992, Espinosa fue investido oficialmente por el Estado de Nicaragua para proteger el patrimonio cultural en lo referente a la Arqueología Natural.

El científico asegura que cuando se enteró de la intromisión a la propiedad por parte del Invur, se presentó a las oficinas de la directora del Instituto de la Vivienda, Judith Silva, a pedir una explicación, y la funcionaria le dijo que investigaría la propiedad para legalizarla, y que mientras tanto los guardas de seguridad continuarían en el sitio.


Invur: “Que muestre documentos”

La vocera del Invur, Gloria Martínez, señaló que en la revisión de lotes a nombre del Estado a través de figuras como el extinto Banco de la Vivienda Nicaragüense (Bavinic), se encontraron conque las seis manzanas y 2,000 varas cuadradas que reclama Espinosa, son propiedad del Estado, y por eso es que han decidido resguardarlas.

“Lo único que él presentó fue una carta que lo que demuestra es que en 1991, le dieron en plena ciudad un documento para que tuviera la posesión del bien bajo el concepto de Reforma Agraria, pero eso no es una escritura, no hay una escritura oficial del Estado que le dé dominio”, dijo Martínez.

Explicó que instruyeron al arqueólogo para que demostrara los registros y la documentación que lo hace representante del INAH, así como los papeles en regla de esa entidad en el Ministerio de Gobernación, pero supuestamente no lo hizo.

La versión oficial es negada por Espinosa: “Es un despojo descarado, una ilegalidad absoluta”, protestó.


“No hay nada que hacer”, asegura
“Él dice que el terreno es valioso porque hay una especie de cementerio antiguo y que ha hecho excavaciones, pero entonces si fuera así, estaríamos hablando que todo el barrio Hialeah es un cementerio y no es así”, dijo la vocera del Invur.

“Él puede decir lo que quiera, pero mientras no demuestre con documentos y especialmente con una escritura que es dueño en dominio del bien, no se puede partir de lo que dice, sino de lo que muestre”, insistió Martínez, quien no descartó que el terreno sea ocupado para construir viviendas populares, y que en el caso del arqueólogo, es muy difícil que el terreno le sea cedido nuevamente o que sea indemnizado porque la tierra le había sido cedida para estudios.

“La Procuraduría, dentro del mandato de la Reorganización de la Propiedad, ya hizo la revocación de la asignación a inicios de diciembre, y por eso es que está el bien bajo el resguardo del Bavinic. Hacer algo en ese sentido ya no es posible”, finalizó.

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