Eloisa Ibarra
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, solicitó al centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington D.C., una ampliación del período de conciliación para continuar las conversaciones que culminen en un arreglo en torno al caso del Hotel Barceló Montelimar.

Estrada explicó que el proceso en el Ciadi contempla un período de seis meses que se venció el pasado 26 de diciembre, en el cual puede haber un arreglo antes de llegar al arbitraje.

De conformidad con el procedimiento establecido, ese período se puede ampliar, y eso fue lo que solicitó la PGR para continuar las conversaciones, que van encaminadas a llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes, indicó Estrada.

La PGR recurrió a la Ciadi en junio de 2008, y fijó provisionalmente el daño patrimonial ocasionado al Estado de la República de Nicaragua, en 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir lucro cesante y otros conexos.

El Estado recurrió contra Barceló Montelimar por supuesto incumplimiento de su contraprestación como comprador, de pagar el saldo del pago del principal, intereses ordinarios y moratorios, así como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la Escritura Pública No. 67, compraventa del 19 de mayo de 1993, relativas al pago de obligaciones en cuotas anuales, con base en niveles de ocupación habitacional, años de operación y porcentaje descritos en el Contrato de Compraventa.

El inmueble comprendía las siguientes mejoras: aeropuerto, cien edificaciones: centro de convenciones, discotecas, 202 habitaciones, recepción, casona, gimnasio, habitaciones de edificio central y una cantidad de bienes muebles (televisores, refrigeradoras, camas, sillas, equipos de oficina ); todo por un precio en efectivo y a la suscripción del contrato por la suma de tres millones 30 mil dólares, y diez cuotas anuales después de tres años de gracia por un monto de un millón 450 mil dólares.

El Hotel Montelimar construyó 90 habitaciones más de las 202 existentes, con lo que el cálculo de medición porcentual de ocupación del hotel contradice el informe de la firma supervisora (contratada por ellos), ocultándoles a la autoridades nicaragüense la realidad sobre la que se pactó, según la PGR.

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