Jorge Eduardo Arellano
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Redacción Central

El fiscal auxiliar de la Región Autónoma del Atlántico Sur, Boanerges Fornos, denunció ante la Policía que dos secretarias de un juzgado de Bluefields, supuestamente andaban pidiendo dinero en nombre de él para favorecer a una persona que guarda prisión por transporte ilegal de estupefacientes.

Según el denunciante, el 18 de noviembre del año pasado fue abordado por dos funcionarias judiciales de Bluefields, quienes le dijeron que ellas eran amigas de Alfredo Oregon Hunter, quien había sido capturado el día anterior en Corn Island cuando transportaba en una camioneta 10 paquetes de cocaína.

“Ellas dijeron que Oregon se iba a declarar culpable y necesitaba saber cuál era la pena que le correspondía por el delito antes mencionado; a mí no pareció correcto lo que me dijeron y me limité a decirles que la pena estaba en dependencia de los agravantes y atenuantes del caso”, indicó Fornos.

Fornos señala que el mismo día --en horas de la tarde-- recibió una llamada de una de las funcionarias, quien le dijo que un abogado de Bluefields estaba cobrando una fuerte cantidad de dinero a su amigo Oregon para defenderlo. “Yo le respondí que a mí me corresponde acusar y no tengo nada que ver con la defensa de los procesados”, afirmó.


Tentación
El fiscal Fornos relata que el 19 de noviembre recibió dos llamadas de la otra funcionaria judicial que le había hablado del caso Oregon el día anterior, y le preguntó por el traslado de éste de Corn Island a Bluefields.

“En la segunda llamada me comentó que su amiga --que también se desempeña como secretaria en un juzgado-- y un abogado, habían solicitado 15 mil dólares a la familia de Oregon por su defensa, y que de esa cantidad tomarían 5 mil dólares para dármelos a mí (Fornos), a cambio de solicitar la pena mínima de dos años de cárcel para el susodicho narco”, añadió Fornos.

Al realizarse la audiencia preliminar el 20 de noviembre de 2008, efectivamente Alfredo Oregon se declaró culpable, y el fiscal Fornos solicitó la pena intermedia de 10 años de cárcel para el procesado, además del decomiso del vehículo utilizado.

Fornos dice que como el juez de audiencias, Martín Henríquez, le aplicó a Oregon la pena mínima de cinco años de cárcel, y las personas que lo querían sobornar cambiaron su discurso manteniendo la promesa de entregarle 5 mil dólares, esta vez a cambio de no apelar la sentencia. “Sin embargo, apelé la resolución de Henríquez y solicité al Tribunal de Apelaciones de Bluefields que modificara la pena de cinco a 10 años de cárcel”, señaló.


Enredo
El caso se complicó cuando la esposa de Oregon, Elieth Bell Tenorio, denunció antela Policía de Bluefields que una familiar de ella que funge como jueza en un municipio de la RAAS, le sugirió cambiar al abogado defensor de su marido por otro que sólo cobraba 6 mil dólares, de los que ofrecería 3 mil al fiscal Fornos para que no apelara la pena mínima, pero ésta ya se había tramitada, por lo que la denunciante se sintió estafada.

Hasta el momento la Policía no se ha pronunciado sobre el resultado de las investigaciones de este caso, ni ha revelado quiénes son los funcionarios judiciales involucrados.