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Francisco Omar González Vílchez González, ex alcalde sandinista de Jalapa y líder del movimiento conocido como los “No Pago” que ha provocado actos de violencia en la Carretera Panamericana Norte, es un hombre que no tiene deudas con microfinancieras o bancos, según confirmamos por medio de nuestras pesquisas y declaraciones que él mismo brindó a EL NUEVO DIARIO.

La única “deuda” que tiene pendiente González Vílchez es una presunción penal impuesta en 2007 por la Contraloría General de la República (CGR) por malos manejos de los recursos de la comuna de Jalapa cuando fue alcalde, aunque afirma que esa condición y su “experiencia” en ese cargo fue lo que lo impulsó para constituirse como dirigente de esta agrupación.

“No es necesario estar endeudado para ser solidario, y por eso es que estoy metido en esto”, dijo ayer, a la vez que aseguró que la utilización de su caso en la Contraloría es una estrategia de las microfinancieras para desprestigiarlo.

Cada vez que puede, remacha que no es financiado por el gobierno, que no pertenece a los CPC y que una carta en la que se devela una estrategia para quebrar a las microfinancieras, no fue firmada por él, aunque sí reconoce que el presidente Daniel Ortega apoya su causa y presume que los incluyó en su segundo informe anual de gestión, “porque efectivamente nosotros somos defensores de la economía familiar, en eso no se equivoca el señor Presidente”

La entrevista
Aquí la entrevista que nos concedió vía telefónica, en medio de negociaciones que realizaba con la Policía Nacional para que liberaran a más de 100 miembros del Movimiento que fueron detenidos entre el lunes por la noche y ayer por la mañana en el tranque que habían realizado en el Empalme de San Benito.

Usted dice que son autónomos, pero el presidente Ortega los incluyó en su informe anual como un movimiento que defiende la economía familiar y el trabajo. ¿Cómo explica eso?
Es correcta la apreciación que hace él de que somos una estructura que defiende la economía familiar, pero de eso a vincularnos con los CPC o gente del gobierno, no es así, se ha tergiversado en los medios esa situación. El Presidente sabe, desde que comenzó en Jalapa y Nueva Segovia esta situación, cuál ha sido nuestra lucha, eso así es, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que insinúen que somos orientados por el gobierno.

Si fuéramos una estructura, ¿vos creés que nos hubieran echado a los antimotines y tuviéramos la cantidad de heridos y detenidos que tenemos? Yo no veo ese vínculo.

El Presidente no está equivocado cuando afirma que nosotros defendemos la economía familiar, en lo que no estamos de acuerdo es en que los medios digan que el gobierno nos está financiando, que somos parte de los CPC, y la carta que sacaron ustedes carece de legalidad, no es legal porque no es mi firma esa.

¿Tiene deudas usted con alguna microfinanciera o banco?
No tengo deudas con ninguna financiera, pero a nosotros eso no nos limita a que podamos respaldar a la gente que nos eligió a nosotros para que encabezáramos, y aquí estamos.

¿Quién lo eligió entonces si no tiene deudas?
Porque un grupo de personas que tiene deudas sostuvo una reunión y me dijeron que por mi experiencia como ex alcalde de Jalapa, podía servirles para esa gestión. Es un gesto espontáneo de ciudadanos y ciudadanas que estamos buscando cómo resolver un problema.

¿No se trata de saldar la cuenta que tiene con la Contraloría?
Esa resolución de la Contraloría está suspendida, fue suspendida por la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Estelí, es decir, las cosas están como antes de que se emitiera esa resolución.

González Vílchez, junto al ex vicealcalde, José Tomás González, así como al edil saliente, Humberto Pérez Largaespada y su vicealcalde Danilo Montiel, fue “pegado” por el ente fiscalizador por malos manejos de casi de 450 mil córdobas.

El fondo había sido desembolsado por Apdel-Danida --programa de Dinamarca en Las Segovias para apoyar a las alcaldías-- para la construcción de una terminal de buses en el municipio, obra que nunca fue realizada por ningún funcionario, porque, supuestamente, el dinero había sido devuelto por el actual alcalde al organismo financiante.

En su informe, los auditores determinaron que la actual administración edilicia tomó fondos de otros proyectos de inversión pública para cumplir el reembolso a Apdel-Danida, evidenciando un daño patrimonial a la municipalidad.

“Soy responsable, pero no soy”

“A mí me establecen una presunción penal porque se dio una situación con el alcalde Pérez Largaespada por un asunto de una terminal de buses, el dinero él lo recibió y por eso es que la CGR sacó esa resolución, pero yo no tuve nada que ver con el manejo del dinero, sin embargo, yo era el responsable y se dio una resolución ahí”, dijo González Vílchez ayer.

¿Por qué se amparó y no demostró en los tribunales que es inocente?
Porque aquí la discusión no es si Omar González Vílchez robó o no robó, es si las financieras están enjuiciando y echando presa a la gente de manera inconstitucional, porque no hay cárcel por deudas, o despojándolas de sus propiedades, lo que pasa es que no quieren debatir eso, sino que apuntan a echar lodo sobre nosotros.