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Organizaciones de derechos humanos temen que esta semana se incremente la violencia por situaciones políticas debido a la toma de posesión de los nuevos alcaldes, y por las elecciones municipales en la Costa Atlántica, por lo tanto conminan a la Policía Nacional a actuar con mayor rigor en el trabajo preventivo.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, consideró que las autoridades policiales deberían ser más beligerantes en tanto a prevenir situaciones de violencia, tales como las ocurridas en Nindirí y Wiwilí.

Aplicación de las leyes
“La Policía ya debería aplicar las leyes establecidas, comenzando por la prohibición de los morteros en actividades políticas, ya que con esta ‘arma’ se atenta contra la vida de las personas. De ser usados, se debe capturar a los responsables”, dijo el defensor de derechos humanos, quien dio un voto de confianza a las autoridades, pues la semana pasada prometieron tomar acciones contra las personas que alteren el orden público.

“Ayer --el domingo-- se dieron actos de violencia, hay responsables, y esperemos que la actuación policial sancione a quienes incurrieron en delitos”, dijo Carmona.

Por otra parte, señaló que el partido de gobierno debería controlar a sus bases y reducir los niveles de violencia, “sin embargo, hemos visto a dirigentes políticos, como el diputado Gustavo Porras, azuzando y asegurando que las calles son exclusivas del Frente Sandinista, violentando la Constitución Política, que establece la libre manifestación y asociación, pues nadie puede apropiarse de un derecho que es de todos los nicaragüenses”.

El mortero: un arma mortal
Mientras tanto, Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo desconocer la potencia de las actuales granadas de mortero, ni la cantidad de pólvora, charneles y pimienta utilizados en su elaboración para usarlas en las marchas, pero lo cierto es que su nivel mortal ya fue comprobado.

Ante eso recordó que hay un antecedente en 2004, donde la víctima fue el policía Róger Rodríguez. Como producto de la explosión del mortero, el oficial tenía destruida la arteria que va de la parte baja del abdomen hasta el muslo derecho, lo que provocó su desangramiento y un infarto en el Hospital de Jinotepe.

“Por eso se legisló para la prohibición del mortero en actividades políticas, estableciéndose esto en la Ley 510, o de control y tenencia de pólvora y armas. Sin embargo, se observa su uso de forma recurrente, en particular en todo 2008, y sigue en 2009. Así vimos los recientes sucesos de Wiwilí, Nindirí y antes en León, cuando el entonces candidato sandinista a alcalde, Manuel Calderón, era el dirigente de las fuerzas de choque que atacaron una marcha cívica autorizada, y garrote en mano la emprendió hasta contra la Policía. Todo esto sin ninguna consecuencia legal para éste”, añadió.

Carrión recalcó también que esa legislación, destinada a proteger la integridad física de los ciudadanos, es para todos y debe aplicarse sin distingos.

“Aquí nos vino la denuncia por la captura de Denis Ignacio Rodríguez, detenido junto a otras personas por la tenencia de morteros, con lo cual se aplicaría la Ley 510. Lo curioso es que no hay detenidos por portar morteros del bando del partido de gobierno”, dijo el miembro del Cenidh.

Señaló que para la Policía Nacional igual de vergonzoso debería ser no aplicar su mandato de ley en diversos sucesos violentos, siendo que todo ocurre a vista y paciencia de esa institución, tal como el ataque de una turba contra los activistas de derechos humanos en las puertas del Ministerio Público, donde también fueron objeto del robo de una cámara, y a pesar de tener plenamente identificado al ladrón, a tres meses de los sucesos la autoridad sigue cruzada de brazos.

“La institución que debería velar por la seguridad ciudadana al parecer está recibiendo órdenes fuera de su naturaleza profesional, alejándola de su mandato establecido en el artículo 17 constitucional, poniendo en peligro y dejando en indefensión a una mayoría de los nicaragüenses por omisión”, dijo.

Carrión también comentó que tal situación está desarrollando una espiral de violencia, creada por la politiquería, que nos lleva al despeñadero.