Rafael Lara
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El Procurador de Defensa de Derechos Humanos, Omar Cabezas, ha denunciado que el desalojo de campesinos e indígenas en la comunidad del Pavón y Caño Negro, de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, se debe a la posible construcción de un canal interoceánico.

El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDDH, en conferencia de prensa, se hizo acompañar de Wilfredo Jarquín, delegado de esa institución en la RAAS, para señalar que detrás de todo este acto ilegal e inhumano están, por una parte, el diputado Francisco Sacasa Urcuyo, y por la otra, los propietarios de la finca El Encanto, donde el año pasado y de manera arbitraria murieron tres trabajadores del lugar a manos de una excursión de policías y miembros del ejército.

“Las denuncias se venían acumulando y después de una visita a la zona y tras comprobar la situación de desalojo, hemos decidido hacerlo público. Yo mismo fui testigo del tipo de gente a la que están utilizando, como sicarios, en grandes caballos, ensombrerados y frescamente con las escopetas terciadas en el poblado”, para adueñarse de todo el territorio y luego venderlo a alto precio cuando inicie el proyecto canalero.

El procurador aseguró que además de atacar o chantajear a campesinos, están amenazando a los periodistas de Bluefields para que no informen del problema. Por otra parte, señaló que todo esto no se daría sin la complicidad y apoyo de algunas autoridades o funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial de la zona.