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T Denuncia que detrás de todo esto está, supuestamente, el diputado Francisco Sacasa Urcuyo, y da extraña versión de masacre en El Encanto
T “Yo mismo fui testigo del tipo de gente que utilizan como sicarios, en grandes caballos, ensombrerados, y frescamente con escopetas terciadas en el poblado”, aseguró
Rafael Lara
Asesinos a sueldo, desapariciones, chantaje, despojo de tierras, drogas, así como corrupción en el sistema judicial y policial, es lo que priva en las comunidades El Pavón y Caño Negro, de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, según la denuncia del procurador de derechos humanos, Omar Cabezas.

El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDDH, en conferencia de prensa, se hizo acompañar de Wilfredo Jarquín, delegado de esa institución en la RAAS, para señalar que detrás de todo están, supuestamente, por una parte, el diputado Francisco Sacasa Urcuyo, y por el otro lado, los propietarios de la finca El Encanto, donde el año pasado y en una incursión de policías y miembros del Ejército, mataron a tres trabajadores del lugar.

Sicarios con escopetas terciadas
Las denuncias de Caño Negro, Kukra River y Mahagany se venían acumulando, “y después de una visita a la zona y comprobando la situación en la zona, decidimos hacerlo público”.

“Yo mismo fui testigo del tipo de gente que están utilizando como sicarios, en grandes caballos, ensombrerados y frescamente con las escopetas terciadas en el poblado”, dijo Cabezas, agregando que a través de la intimidación se están adueñando de toda la zona.

Por otra parte, señaló que todo este sistema no podría ser si no fuera con el contubernio y apoyo de algunas autoridades o funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial de la zona.

Por otra parte, consideró sospechosa la lentitud de la Comisión de la Demarcación de Tierras para hacer su trabajo y dar el título de propiedad correspondientes, así mismo, observa muy complaciente al Consejo Regional del Caribe Sur en acciones que faltan a la tutela en la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

100 familias afectadas
El delegado Wilfredo Jarquín indicó que al menos 100 familias han sido afectadas, y muchos campesinos --increíblemente-- han caído presos por reclamar sus derechos de propiedad y no reciben un proceso justo, pues el Ministerio Público retiene los casos, y cuando hay un proceso los jueces absuelven a los agresores.

Uno de tantos casos es el de Fernando Rojas Rodríguez, quien al reclamar a Sacasa por la presencia de su ganado en sus tierras y la destrucción de sus cultivos, terminó recibiendo dos balazos en la espalda, le quemaron su casita y ahora lo acusan por el robo de una escopeta.

Otra versión de
El Encanto
Cabezas afirma que el segundo grupo de grandes geófagos son los propietarios de la finca El Encanto, y la muerte de los campesinos que laboraban ahí se dio en el contexto de la lucha de propiedades, y a Managua llegaron haciéndose las víctimas.

Sobre esto, Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que llevó el caso, señaló que ellos se centraron en la forma arbitraria en que mataron a los campesinos sin que las autoridades portaran una orden de captura, y utilizando un poder de fuego irracional contra una persona que portaba un revolver.

“Nuestro trabajo está en la violación de las autoridades al derecho a la vida, y si bien los involucrados extrañamente fueron absueltos por un jurado de conciencia, quedaron en evidencia las faltas de las autoridades, a tal medida que el Ministerio Público se pronunció al respecto. Nuestra misión era comprobar si hubo o no violación a los derechos humanos de estas personas”.

Carrión admitió que hubo todo un misterio sobre las motivaciones de estas muertes, con comunicados oficiales contradictorios, altos jefes de la Policía y del Ejército pidiendo silencio a las familias de las víctimas, y amenazas, pero dilucidar el trasfondo de la acción es competencia de las autoridades.

Cenidh también comprobó situación
Por otra parte Norwin Solano, abogado que llevó la denuncia de pobladores de Caño Negro, comentó que recientemente Sacasa estuvo en el Cenidh presentando su versión, y dijo que quienes lo denuncian son colonos usurpadores, que nunca fue expropiado, y las tierras las obtuvo cuando era un adolescente a través de Reforma Agraria en tiempos de gobierno de la familia Somoza. Además, negó haber quemado las casas a nadie.

Solano, como parte de una comisión del Cenidh, se presentó a la zona del conflicto y comprobó la situación de al menos 60 familias campesinas que eran presionadas y amenazadas por la gente del diputado Sacasa para desalojar sus propiedades. Mientras, hay denuncias continuas de que las autoridades de Bluefields están a la orden del diputado.

“Les destruyen las cosechas, les roban el ganado y les queman las casas. Es la forma de intimidación”, dijo Solano, que observó la inoperancia de las autoridades.