Rafael Lara
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La presencia de un aparato “para-policial” compuesto por los llamados “camisas azules” y ahora “camisas rosadas” para la seguridad presidencial, no sólo es inconstitucional, sino que denota enorme desconfianza en la dirección de la Policía Nacional, son las consideraciones de expertos en la materia y activistas de derechos humanos.

Según Roberto Orozco, encargado del Programa de Seguridad y Crimen Organizado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, ya la directora de la Policía Nacional dijo que este cuerpo de seguridad personal del mandatario Daniel Ortega era independiente de su institución, lo cual es una grave irregularidad, porque constitucionalmente él único cuerpo armado, después del Ejército, es la Policía.

Autoridad sustituida
“Pero ayer, violentando la Ley 228, constitutiva de la Policía, miramos a gente civil armada como parte del cordón de seguridad presidencial, operando como un cuerpo ‘para-policial’. Estamos indagando sobre esta gente que desconocemos, si estaban para hacer callar cualquier protesta o para dar seguridad personal. Lo cierto, sea cual fuere el caso, desde 1990 la única instancia destinada para la seguridad presidencial, de los poderes del Estado o del cuerpo diplomático, es la Dirección General de la PN, que ha sido sustituida en este caso”, dijo.

Para Orozco, lo más seguro es que sea gente con experiencia de la antigua Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, miembros del Ejército o desmovilizados de las Tropas Especiales “Pablo Úbeda”, que el año pasado se reunieron varias veces con gente de la Presidencia. Estos últimos eran personal destinado a operaciones delicadas contra la Resistencia Nicaragüense, y habían sido entrenados y especializados en guerra de guerrillas por vietnamitas, cubanos y otros expertos militares con “experiencia internacional”.

Si son uno o dos equipos de civiles para la seguridad privada presidencial, distinguidos por sus camisas, ya sean azules o rosadas, estas últimas estrenadas el jueves, habría que conocer si el Estado está pagando por sus servicios, algo que sería ilegal por ser la PN la destinada profesionalmente a esta actividad.

“¿Cuánto y qué tanto costará este servicio? ¿Quién les proporciona armas? ¿Quién les entrega las municiones, vestimenta o alimento? Si el Estado paga, debe estar reflejado en el Presupuesto General de la República”, dijo Orozco.

Desconfianza en cuadros de la PN
Tanto para Orozco, como para la presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Dra. Vilma Núñez, la creación de este grupo civil armado denota no sólo desconfianza en la dirección de la PN, sino también es un menoscabo de la autoridad de su Directora, la primera comisionada Aminta Granera, y a la institucionalidad.

“Es lamentable que después de tantos esfuerzos policiales por profesionalizar a la institución, ahora surja esto. Creo que es una forma de menospreciar el buen trabajo de Granera, considerando al cuerpo profesional policial como incompetente, y enfatizando que Ortega necesita gente de su confianza”, analizó la doctora Núñez.